La renovación del estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Bogotá, se encuentra sumida en una profunda polémica que combina dudas sobre el cronograma de obra con una batalla legal por el uso del suelo. Mientras la concesionaria Sencia, que recientemente incorporó a Luis Carlos Sarmiento Angulo como accionista mayoritario con el 51% de las acciones, promete la entrega del escenario para diciembre de 2027, voces críticas como la del concejal Leandro Castellanos advierten que el avance es de apenas el 1%, lo que hace inviable cumplir con el plazo. A este complejo panorama se suma la citación a una audiencia de conciliación por parte de la Procuraduría General de la Nación, programada para el próximo 6 de agosto, tras el reclamo de los herederos de los donantes del terreno, quienes aseguran que los nuevos usos comerciales del proyecto violan las condiciones de la donación original de 1936.
El proyecto, que busca transformar el mítico coliseo en un complejo de usos mixtos que incluye un hotel, espacios de coworking y un auditorio para la Filarmónica de Bogotá, ha despertado la desconfianza del Concejo Distrital. El concejal Leandro Castellanos ha sido enfático en su crítica, señalando la falta de transparencia por parte de la administración distrital. «Nosotros hemos pedido desde esta oficina que se nos haga llegar el cronograma de obra, que no se ha allegado. Tal vez porque no hay avance en la obra, se habla del uno por ciento del avance de obra. Si ese uno por ciento, a hoy, que estamos a puertas de iniciar agosto, es realmente lo que hay, yo no creo que nos dé para el 2027 entregar el escenario a los bogotanos y las bogotanas», declaró Castellanos, quien además recordó los antecedentes de retrasos en otros escenarios deportivos de la ciudad, como las Unidades Deportivas y el complejo acuático. La falta de información ha motivado al concejal a anunciar mecanismos de control político, mientras que versiones extraoficiales ya sitúan una posible prórroga de la entrega hasta el año 2028.
Disputa legal por el origen del terreno
El principal frente de debate, sin embargo, no es solo el retraso, sino la naturaleza misma del proyecto. Los herederos de Leonilde Matiz de Camacho y Luis Camacho Matiz, quienes donaron el terreno en 1936 con la condición expresa de que fuera destinado a fines deportivos, han iniciado un proceso legal argumentando que el componente comercial del nuevo diseño vulnera ese acuerdo. Su abogado, Andrés Forero, ha sido categórico: «El incumplimiento del contrato de donación modal por parte del Distrito obligaría a que se condenara el incumplimiento y se ordenara devolver los terrenos donados». Esta petición judicial, que incluye la exigencia de la devolución de los predios, ha llevado a la Procuraduría a convocar a una audiencia de conciliación previa entre las partes, en la que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha manifestado su intención de no conciliar, defendiendo la legalidad de las actuaciones institucionales.
De fondo, la disputa revive un debate que ya tuvo un antecedente en 1959, cuando se permitió la construcción del Movistar Arena en una zona igualmente donada. Sin embargo, para los herederos, la escala y el peso de los usos comerciales, que consideran ajenos al propósito deportivo original, marcan una diferencia sustancial. Mientras tanto, Sencia ha intentado desmarcarse de la controversia legal, asegurando que «la solicitud de conciliación se relaciona con contratos celebrados entre el Distrito y los donantes del predio donde se desarrolla el proyecto. Sencia no tuvo participación». La empresa también ha defendido su gestión, afirmando que «las actividades preliminares que se han adelantado en el predio y que han incluido demoliciones se han ejecutado cumpliendo todos los requisitos legales».
Obras en un punto muerto y la sombra de una nueva audiencia
Mientras el aspecto legal avanza, el estado físico de la obra es motivo de preocupación. La primera piedra se colocó en marzo de 2026 de forma simbólica, aunque la licencia de construcción no se formalizó hasta finales de mayo del mismo año. Hasta la fecha, las obras principales de demolición y construcción no han comenzado de manera significativa, y Sencia ha invertido unos 14.000 millones de pesos en adecuaciones menores como mantenimiento de gramilla, mejoras en suites y videovigilancia, con el objetivo de mantener el estadio operativo durante la transición. Este escenario de parálisis se agrava con la nueva audiencia por una querella de la Policía, programada para el 25 de septiembre de 2026, que añade más incertidumbre al futuro del proyecto.
La situación del Campín no solo preocupa a los herederos y al Concejo, sino también a los miles de usuarios que lo visitan. Con un promedio de 3 millones de asistentes al año y una proyección para 2026 que incluye 20 grandes espectáculos y más de 75 partidos de fútbol profesional, el estadio es el corazón del deporte y la cultura en la capital. El concejal Castellanos, en un tono de advertencia, subrayó la necesidad de priorizar a los clubes de fútbol: «A mí me interesa mucho que también se garantice la prioridad para el fútbol, que es la misionalidad del escenario, y que el semestre pasado tuvimos unos inconvenientes ahí bastante complicados. Eso también me interesa mucho, que los clubes se sientan respaldados de que no se les va a alterar y que ellos no van a dejar de ser prioritarios». En medio de la disputa legal, el parálisis en las obras y la falta de un cronograma tangible, la incógnita sobre si el Campín estará listo para 2027 o si su renovación terminará en los tribunales se convierte en el principal drama urbano de la Bogotá del bicentenario.
