En un avance clave para la reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional, diez de los 46 congresistas designados como ponentes o coordinadores en las cuatro comisiones económicas del Congreso de Colombia radican una ponencia positiva que reduce la meta de recaudo a 10 billones de pesos, una cifra significativamente menor a los 26 billones propuestos inicialmente por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, a comienzos de septiembre. Esta ponencia, firmada por cuatro senadores entre otros, incluye ajustes sustanciales y se presenta en medio de un debate marcado por la fragmentación política y apoyos limitados del oficialismo, especialmente en la Comisión Tercera del Senado, donde se concentran las discusiones principales.
La radicación de esta ponencia positiva contrasta con la presentación simultánea de dos ponencias negativas: una de archivo impulsada por 10 senadores y liderada por el senador Efraín Cepeda, y otra a cargo de la representante Katherine Miranda. En total, se considerarán tres textos en el debate, reflejando las tensiones políticas y la necesidad de consensos para avanzar. La propuesta ajustada elimina siete artículos de la versión original, como el IVA a los combustibles, los impuestos a las actividades comerciales de las iglesias y el impuesto nacional al consumo sobre servicios de esparcimiento, culturales y deportivos que superen las 10 UVT, mientras incorpora dos artículos adicionales que excluyen impuestos a envíos postales inferiores a 50 dólares e integran las rentas en el Presupuesto de 2026.
Ajustes fiscales con impacto en el futuro
Estos cambios representan una reducción de 16 billones de pesos en la meta de recaudo, lo que busca hacer viable la reforma ante las resistencias en el Congreso, aunque genera interrogantes sobre las políticas fiscales para el próximo año. La discusión en las cuatro comisiones económicas subraya la importancia de esta iniciativa para las finanzas públicas, con la ponencia positiva como el principal vehículo del Gobierno para lograr su aprobación, pese a los limitados respaldos iniciales.
El escenario en el Congreso revela la complejidad de las negociaciones, donde solo 10 de 46 ponentes firman la versión oficialista, evidenciando la fragmentación que podría definir el destino de la reforma y sus efectos en la economía colombiana para 2026.
