El senador Christian Garcés, coordinador ponente del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, presentó este miércoles 14 de octubre una ponencia que propone recortar $8,36 billones al servicio de la deuda pública para reasignar esos recursos a inversión y funcionamiento. La iniciativa, que será sometida a segundo debate en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes antes del 20 de octubre, mantiene el monto global del presupuesto en $634,9 billones, pero altera de manera significativa la distribución interna entre los tres grandes componentes: funcionamiento, deuda e inversión.
Según el texto conocido en el Congreso, el servicio de la deuda pública nacional pasaría de $152,4 billones a $144,1 billones, lo que representa una reducción del 5,5 por ciento que liberaría espacio fiscal para atender otras prioridades. La composición inicial del presupuesto contemplaba $393,6 billones para gastos de funcionamiento, $152,4 billones para deuda y $88,9 billones para inversión. Con la propuesta, la bolsa de desastres y prioridades adicionales quedaría con una partida de $3,9 billones en el Ministerio de Hacienda, destinada principalmente a la atención del terremoto del pasado 10 de agosto, otros desastres y necesidades regionales que no fueron incluidas explícitamente en el proyecto original.
Garcés, quien lidera la ponencia junto a los representantes Yamit Noé Hurtado, de la Alianza Verde, Carlos Pantoja, del Partido Conservador, y María Janeth Sabogal, de la Citrep, explicó que la decisión de tocar el rubro de la deuda busca contrarrestar el efecto negativo que han tenido los gastos de funcionamiento y el endeudamiento heredado sobre la capacidad de inversión del Estado. En su intervención, el congresista señaló que el ajuste no afecta la estabilidad fiscal del país, ya que no se modifican las apropiaciones totales del presupuesto sino la manera en la que se distribuyen los recursos.
Recortes puntuales y asignaciones específicas
La ponencia incluye partidas concretas para varias entidades. A la Registraduría Nacional se le asignarían $200.000 millones, de los cuales $100.000 millones irían al Consejo Nacional Electoral y los otros $100.000 millones para identificación y capacitación. La Fiscalía General de la Nación recibiría $100.000 millones para fortalecer su capacidad operativa, más $43.400 millones adicionales para la Universidad del Ministerio Público. En materia de seguridad, se contempla un traslado neto de $31.000 millones desde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hacia la salud de la Policía Nacional. Por el contrario, la Aerocivil y la propia Superintendencia de Servicios Públicos figuran entre los sectores que sufrirían recortes en sus apropiaciones, aunque la ponencia no precisa las cifras en el texto conocido.
La propuesta también garantiza que la Jurisdicción Especial para la Paz mantendrá los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, en un momento en el que esa institución ha reclamado por la falta de presupuesto para atender sus compromisos. El presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara, Alexander Bermúdez, pidió al Departamento Nacional de Planeación revisar la distribución territorial de las partidas antes de que se vote en las plenarias, mientras que los representantes Hurtado, Pantoja y Sabogal expresaron inquietudes por las asignaciones destinadas a sus departamentos y pidieron precisiones sobre algunos montos.
«Los gastos de funcionamiento y el endeudamiento heredado asfixian la inversión. Sin embargo, un buen reperfilamiento de la deuda y un programa de austeridad permitirán liberar mayores recursos»
Christian Garcés, senador y coordinador ponente del Presupuesto 2027
«Se deja una bolsa de $3,9 billones en el Ministerio de Hacienda para incorporar recursos destinados a la atención del terremoto, otros desastres y prioridades adicionales»
Christian Garcés, senador y coordinador ponente del Presupuesto 2027
El proyecto de presupuesto ya superó el primer debate en las comisiones económicas del Senado y la Cámara, pero el Pacto Histórico presentó en esa instancia una ponencia alternativa por la falta de una asignación explícita para las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La ponencia definitiva que se votará en las plenarias deberá precisar cómo se refleja esa asignación para desastres dentro de las apropiaciones presupuestales de cada ministerio. De no aprobarse el presupuesto antes del 20 de octubre, el Gobierno quedaría facultado para expedirlo mediante decreto, un escenario que los congresistas buscan evitar a toda costa para no perder la capacidad de incidir en la distribución de los recursos.
En ese sentido, Garcés afirmó que el Gobierno deberá presentar ante las comisiones económicas un plan detallado para reducir los gastos de funcionamiento, en línea con el programa de austeridad que la propia ponencia sugiere como complemento al reperfilamiento de la deuda. El desafío ahora es lograr que la propuesta obtenga las mayorías necesarias en ambas cámaras, mientras se tejen acuerdos regionales y se resuelven las inquietudes sobre la distribución territorial de las partidas, un factor determinante para la votación final.
