La red de Centros Intégrate, que atiende a población migrante en 25 municipios de 18 departamentos del país, enfrenta un inminente riesgo de cierre nacional a partir del 30 de septiembre de 2026. La amenaza, según denunció su coordinador nacional, Marcos Muleth, se debe a la falta de definiciones presupuestales y administrativas por parte del Gobierno, que no ha trasladado los recursos ni asignado las competencias a una entidad estatal responsable. De materializarse la suspensión, más de 200 profesionales serían desvinculados y quedarían sin servicio los 20 centros fijos, 9 Tríadas de Atención Integral y una unidad móvil que conforman esta estrategia, la cual ha registrado 559.952 atenciones al 15 de agosto de 2026 y ha beneficiado a más de 200.000 personas entre migrantes, colombianos retornados y comunidades de acogida.
La estrategia, que nació en Barranquilla en 2019 como un Centro de Integración Local para Migrantes y se replicó hasta conformar la red actual, depende de financiamiento y competencias institucionales que caducan el 30 de septiembre de 2026 sin que se haya definido un nuevo responsable. Muleth advirtió que la continuidad no está atada a una administración de gobierno, sino a una capacidad del Estado que el país necesitará cada vez más. Los centros operan en ciudades clave como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Riohacha, Santa Marta, Bucaramanga, Valledupar, Arauca, Pasto, Ipiales y Maicao, ofreciendo orientación en regularización migratoria, protección internacional, asesoría jurídica y psicosocial, salud, empleo, emprendimiento y gestión de casos.
Una capacidad estatal en vilo
La red forma parte de la implementación territorial de la Política Integral Migratoria, establecida en la Ley 2136 de 2021 y el CONPES 4100. Sin decisiones oportunas antes del 30 de septiembre, la suspensión de actividades sería total y afectaría a entidades como el Departamento para la Prosperidad Social, la Cancillería y organismos de control que participan en la estrategia. El riesgo se agrava en un contexto donde se estima que en Colombia residen aproximadamente 3 millones de migrantes, y según un estudio de la OIM, la Fundación Ideas para la Paz, CAVEX y la Fundación Konrad Adenauer, la población migrante venezolana generó en 2022 ingresos fiscales por USD 529 millones, equivalentes al 1,9% de la recaudación nacional.
«Los Centros Intégrate no son una política de gobierno; son una capacidad del Estado. Durante años Colombia ha construido una red que acerca la oferta institucional a las personas migrantes, retornadas y comunidades de acogida. Su continuidad es una oportunidad para fortalecer una capacidad pública que ya demostró resultados y que el país necesitará cada vez más en el futuro»
Marcos Muleth, coordinador nacional de la Estrategia Centros Intégrate
La advertencia de Muleth resuena como un llamado urgente a las autoridades para garantir la asignación de presupuesto y competencias a una entidad estatal, evitando así el colapso de una red que ha demostrado eficacia en la integración de migrantes y en el apoyo a las comunidades de acogida. Mientras tanto, los 25 municipios donde opera la estrategia esperan decisiones que eviten el cierre de sedes y la interrupción de servicios esenciales para miles de personas.
