Una estudiante de sexto grado de la Institución Educativa Presbítero Bernardo Montoya Giraldo, en el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá, fue brutalmente agredida por una compañera de clase durante el receso escolar, un hecho que la mantuvo hospitalizada durante cuatro días en el Hospital Marco Fidel Suárez. La menor, identificada por su madre como Isabella, sufrió golpes y patadas contra un muro mientras otros alumnos grababan la escena con sus teléfonos móviles. La agresión, según la versión de la familia, se habría originado porque la víctima se negó a prestar un producto de maquillaje a su agresora.
La madre de la estudiante denunció que el acoso escolar contra su hija venía repitiéndose desde hacía aproximadamente un mes, y que en reiteradas ocasiones informó a las directivas del colegio sobre los episodios de intimidación sin obtener una respuesta efectiva. Incluso, aseguró que un docente le habría indicado a la niña que debía esperar a que ocurriera una agresión física para poder presentar una queja formal. El plantel educativo habría reportado inicialmente el hecho a los padres como un accidente, versión que fue desmentida por el video que circula en redes sociales, grabado por los propios estudiantes.
Las autoridades activan protocolos y la comunidad se moviliza
Tras la difusión de las imágenes, la Alcaldía de Copacabana activó el Comité de Convivencia Escolar y la Secretaría de Educación dispuso acompañamiento psicosocial para ambas familias. En un comunicado, las autoridades pidieron prudencia con la difusión de los videos que involucran a menores de edad. Mientras tanto, un grupo de padres de familia organizó plantones y una recolección de firmas para exigir medidas más drásticas contra el acoso escolar en la institución.
«Me voy a ir hasta las últimas instancias por Isabella»
Madre de la víctima, en el video de Denuncias Antioquia
La madre de la víctima, que ha solicitado apoyo a la organización Denuncias Antioquia, reiteró su determinación de llegar hasta las últimas consecuencias legales para obtener justicia. El caso ha reabierto el debate sobre la efectividad de los protocolos de prevención del bullying en las instituciones educativas del departamento, así como la responsabilidad de los docentes y directivos ante las denuncias previas de los estudiantes.
