El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, anunció un drástico paquete de medidas de austeridad que incluye el traslado a una sede más pequeña, la reducción de los esquemas de protección y un recorte del 85% en los contratos de prestación de servicios, como respuesta al recorte presupuestal aprobado por el Congreso. El anuncio, realizado en el actual edificio de 15.000 metros cuadrados en Bogotá, calificó ese acto como el último que se realizará allí, ya que la entrega de la sede está prevista para marzo de 2027.
La JEP, creada para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, deberá ajustarse a una nueva realidad fiscal. Las medidas implican que el trabajo virtual será la regla, con turnos presenciales, y se buscará apoyo interinstitucional para mantener las labores esenciales. Rojas, quien fue elegido presidente de la JEP el martes 20 de octubre, pidió comprensión a las personas que resultarán afectadas por estos ajustes, que impactan directamente a víctimas, comparecientes y funcionarios.
Impacto en infraestructura y protección
El traslado a una nueva sede de 4.200 metros cuadrados generará un ahorro anual en infraestructura de 26.000 millones de pesos. La reducción de los esquemas de protección, que incluye a magistrados, fiscales y el secretario ejecutivo, permitirá un ahorro de 37.000 millones de pesos anuales. En el caso de fiscales y secretario ejecutivo, se prescindirá por completo de esa protección, mientras que para víctimas, testigos y comparecientes la JEP solicitará al Gobierno nacional que asuma la responsabilidad correspondiente. No se detalló cuántas personas perderán los esquemas de seguridad ni los criterios de riesgo utilizados.
Recorte de contratos y apoyo institucional
El recorte del 85% de los contratos de prestación de servicios representa un ahorro proyectado de cerca de 83.000 millones de pesos. Para suplir esos apoyos eliminados, la JEP deberá estructurar su planta de personal. Además, se revisará el funcionamiento de los enlaces territoriales y se buscará apoyo en universidades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, entidades públicas locales, alcaldías, gobernaciones y organizaciones privadas. Los ajustes pueden afectar labores esenciales como la defensa técnica, el acompañamiento psicosocial y los encuentros restaurativos, fundamentales para las víctimas y los comparecientes del sistema de justicia transicional.









