El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) declaró desierta por tercera vez la licitación para construir los grupos 3, 4, 5 y 6 del proyecto Nueva Calle 13 de Bogotá, un corredor estratégico que incluye una troncal de TransMilenio entre la avenida 68 y el río Bogotá, en el límite con Mosquera. La decisión, tomada el 31 de julio, se debió a que las condiciones contractuales, como la distribución de riesgos, los trámites prediales, el traslado de redes de servicios y los permisos de manejo de tráfico, generaron incertidumbre sobre plazos y costos, desincentivando la participación de empresas constructoras nacionales e internacionales. Orlando Molano, director del IDU, señaló que la entidad volverá a licitar cuando tenga condiciones que garanticen la ejecución, sin precisar una fecha para la nueva convocatoria.
El fracaso de esta licitación deja una inversión pendiente de 2,3 billones de pesos en los tramos no adjudicados, dentro de un proyecto total que cuenta con una cofinanciación entre el Gobierno Nacional y el Distrito por 4,9 billones de pesos. El corredor, por el que transitan a diario 205.000 vehículos, es vital para la movilidad y el transporte de mercancías entre Bogotá y la Sabana de Occidente. Aunque el grupo 1, que incluye el puente de Puente Aranda, ya presenta un avance del 50 % y se ha adquirido el 81 % del área predial necesaria, la demora en los demás grupos retrasa la ampliación de TransMilenio hacia el occidente de la capital. En total, el proyecto contempla 11,62 kilómetros de corredor, 13 estaciones sencillas y una de cabecera, 20 puentes peatonales, 10 puentes vehiculares, 22,9 kilómetros de ciclorruta y 485.000 metros cuadrados de espacio público.
Las razones del fracaso y los ajustes previstos
El IDU realizó más de 27 reuniones con el gremio constructor para intentar destrabar el proceso, pero las empresas consideraron que las condiciones contractuales no eran atractivas debido a la incertidumbre en los plazos de preconstrucción, construcción y mantenimiento, así como en el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU). Diego Sánchez, vicerrector de la Escuela Colombiana de Ingeniería y exdirector del IDU, ha señalado en distintos foros que la estructura de riesgos y los trámites previos desalientan incluso a firmas internacionales. Por su parte, María Carolina Castillo, presidenta ejecutiva de ProBogotá Región, insistió en la necesidad de reglas que generen confianza entre el sector público y los constructores para evitar que proyectos estratégicos como este sigan fracasando.
Ante este panorama, el IDU prepara ajustes contractuales para una nueva licitación, que incluirán cambios en los plazos de las etapas de preconstrucción, construcción y mantenimiento, modificaciones en el componente AIU y mayor flexibilidad en los pagos. La entidad espera que estas mejoras logren atraer a las empresas que hasta ahora se han mantenido al margen. Mientras tanto, la ampliación de TransMilenio hacia el occidente de Bogotá sigue sin fecha cierta, y los habitantes de la localidad de Fontibón y los municipios vecinos deberán esperar para ver materializada una obra que promete transformar la movilidad de uno de los corredores más congestionados de la capital.
