Tres personas acusadas de participar en dos secuestros ocurridos en Santander recuperaron su libertad provisional después de que transcurrieran más de 500 días de juicio oral sin que se dictara sentencia. Se trata de Brians David Arnache Moreno, Rosendo Duarte Ureña y Juan Carlos Patiño Ramírez, quienes fueron beneficiados con la medida por vencimiento de términos en dos juzgados de Bucaramanga: los dos primeros el 30 de septiembre de 2024 por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante, y el tercero el 9 de octubre siguiente por el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías. La defensa de los procesados acreditó que los juicios orales superaban el límite legal establecido sin que se hubiera proferido condena, lo que obligó a los jueces a ordenar la libertad provisional.
Los casos que vinculan a estos hombres datan de 2019. El primero corresponde al secuestro del finquero Diego Andrés Patiño Rincón, ocurrido el 2 de abril en la vereda Puerto Limón del municipio de Sabana de Torres. El segundo, más mediático, fue el plagio de la empresaria Mayerly Santos Calderón, quien fue sustraída el 28 de mayo del mismo año de una estación de servicio en la misma localidad y permaneció cautiva durante 47 días. Los captores exigían nueve mil millones de pesos por su liberación, antes de que fuera rescatada por las autoridades. En este último hecho se utilizó un vehículo asignado a la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que generó una controversia adicional sobre la posible infiltración de los captores en el organismo estatal.
Juan Carlos Patiño Ramírez, primo de la víctima Diego Andrés Patiño Rincón, fue capturado en mayo de 2022 en un operativo conjunto del Gaula del Ejército y el CTI de la Fiscalía. Enfrenta cargos por secuestro extorsivo atenuado, extorsión y porte ilegal de armas de fuego. En contraste, Arnache Moreno y Duarte Ureña fueron detenidos exclusivamente por el secuestro de la empresaria Santos Calderón. La Fiscalía logró una condena de 28 años de prisión en 2024 contra Andelfo Tarazona Martínez, otro procesado por el mismo caso, pero la suerte de los tres ahora liberados es distinta al haber operado el vencimiento de términos.
Los representantes de las víctimas se opusieron a la decisión judicial, argumentando que aún estaba pendiente de resolverse una apelación relacionada con una solicitud similar presentada por otro de los procesados. A pesar de ello, los jueces consideraron que el plazo legal se había cumplido y ordenaron la libertad. La primera solicitud formal por vencimiento de términos fue presentada en mayo de 2024, y tras la demora en el fallo, los abogados de los acusados consiguieron que se acogiera su petición. El caso deja abierta la discusión sobre los límites de la administración de justicia en procesos complejos y la protección de los derechos de los imputados frente a la gravedad de los delitos.
