La Casa de la Moneda de Portugal envió una nota de protesta al Gobierno colombiano por los cambios unilaterales impulsados por Abelardo de la Espriella, administrador del Convenio 010 de 2025 para la fabricación de pasaportes, en medio de un creciente pulso diplomático y legal que amenaza con derivar en una reclamación millonaria contra el Estado. Mientras la Cancillería colombiana cuestiona un informe técnico conjunto elaborado por la Imprenta Nacional y la firma lusa, avanza con una contratación temporal por 15 meses bajo la modalidad de urgencia manifiesta que devuelve la operación a Thomas Greg & Sons, en una jugada que la excanciller Rosa Villavicencio califica como una materialización del riesgo de incumplimiento.
El convenio tripartito, suscrito por Colombia con Portugal a través de la Casa da Moeda y con Francia, tiene un valor cercano a 1,3 billones de pesos colombianos y contempla cuatro etapas de transferencia tecnológica gradual para que el país logre autonomía en la producción de pasaportes. La primera fase, que ya debía estar en marcha, prevé la personalización de más de 618.000 libretas en blanco suministradas desde Lisboa y Douai, en territorio francés, con operación prevista desde abril de 2026. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo la ponencia del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, estudia una acción popular relacionada con el modelo de pasaportes y aún no ha tomado una decisión de fondo sobre las medidas provisionales que ordenó.
Portugal rechaza los cuestionamientos y defiende la vigencia del convenio
En la nota verbal remitida a Bogotá, la Casa da Moeda objetó las afirmaciones de la Cancillería contenidas en un memorial judicial, y sostuvo que el contenido del informe técnico fue concertado con todas las partes, pero que la delegación colombiana se abstuvo de firmarlo en el último momento. Portugal rechazó categóricamente los cuestionamientos sobre su actuación y ratificó su intención de cumplir con el Convenio 010, que según las entidades europeas sigue plenamente vigente, pues la medida provisional del Tribunal no lo anuló. La Cancillería, en cambio, pidió una prórroga de 20 días hábiles para verificar el documento y no lo suscribió.
Mientras tanto, y en paralelo a una licitación pública para contratar a un operador permanente, la Cancillería firmó una urgencia manifiesta con una unión temporal en la que participa Thomas Greg & Sons, la misma empresa que había sido reemplazada por el acuerdo con Portugal y Francia. La decisión, según fuentes consultadas, se tomó sin esperar la reunión solicitada por Portugal hace más de mes y medio y que aún no ha obtenido respuesta. La excanciller Rosa Villavicencio advirtió que estas acciones «materializan el riesgo porque suspenden un contrato que está vigente», y alertó sobre una posible reclamación por incumplimiento que podría ascender a 68 millones de dólares.
«Materializan el riesgo porque suspenden un contrato que está vigente»
Rosa Villavicencio, excanciller de Colombia
Las fases del convenio y el pago pendiente que agrava la controversia
El Convenio 010 de 2025 fue diseñado para ejecutarse en cuatro etapas hasta marzo de 2036. La primera, que ya debería estar en operación, consiste en el suministro de libretas en blanco desde las plantas de Lisboa y Douai, con personalización en territorio colombiano. La segunda fase, prevista entre septiembre de 2027 y septiembre de 2030, incluye la preparación, traslado, montaje y numeración de equipos. La tercera, de octubre de 2030 a septiembre de 2033, contempla la impresión de páginas interiores y contracarátulas. La cuarta y última, de enero de 2034 a marzo de 2036, prevé la elaboración de la página de datos y la transferencia total de la fabricación a Colombia.
Uno de los puntos más críticos es el pago pendiente por las libretas en blanco, cuyo vencimiento está previsto para el 14 de octubre de 2026. Si no se honra ese compromiso, Portugal podría activar los mecanismos de reclamación contractual. En los próximos días se prevé una reunión entre las partes y la Cancillería para intentar destrabar la controversia y evitar que el conflicto escale a una disputa internacional, mientras el tribunal administrativo sigue sin pronunciarse sobre el fondo de la acción popular que originó todo este embrollo.
