ONU y CIDH alertan sobre los recursos y de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas
Cuatro expertos de Naciones Unidas cuestionaron medidas presupuestales y reformas que podrían afectar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió garantizar los recursos de esa jurisdicción y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. El debate sobre el presupuesto de 2027 pone en el centro los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición
La financiación de los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz de 2016 se convirtió en motivo de preocupación internacional.
En menos de diez días, organismos y expertos internacionales formularon advertencias sobre las decisiones presupuestales y las iniciativas legislativas que podrían afectar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
El 28 de septiembre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamó recursos suficientes para que la JEP y los demás mecanismos del Sistema Integral de Paz puedan cumplir sus funciones.
Un día después, cuatro expertos del sistema de procedimientos especiales de Naciones Unidas enviaron una comunicación al Gobierno colombiano para solicitar explicaciones sobre varias medidas que, según advirtieron, podrían afectar la financiación, la duración y las competencias de la jurisdicción transicional.
El 6 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó a las advertencias y pidió al Estado garantizar recursos adecuados, suficientes y estables para la JEP y la Unidad de Búsqueda.
Los pronunciamientos coinciden con la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 y con el trámite de iniciativas legislativas relacionadas con el funcionamiento de la justicia transicional.
El asunto de fondo no es únicamente cuánto dinero recibirán estas instituciones. También está en discusión su capacidad para concluir investigaciones, ejecutar sanciones, esclarecer la suerte de las personas desaparecidas y responder a miles de víctimas del conflicto armado.
La preocupación internacional se produce, además, cuando varios de los mecanismos creados para implementar el Acuerdo de Paz entran en etapas decisivas de su trabajo.
La ONU pide explicaciones al Gobierno
La comunicación del 29 de septiembre fue suscrita por cuatro expertos de Naciones Unidas:
- Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
- Grazyna Baranowska, presidenta y relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
- Morris Tidball-Binz, relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
- Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.
En su comunicación, los expertos solicitaron información al Gobierno sobre tres asuntos principales: los cambios presupuestales que afectarían a la JEP, una propuesta para reducir su período de funcionamiento y una iniciativa relacionada con la revisión de determinadas sentencias contra integrantes de la Fuerza Pública.
La carta plantea interrogantes sobre la transparencia de las decisiones presupuestales, sus fundamentos y las garantías para que la jurisdicción pueda cumplir sus responsabilidades.
Los expertos también pidieron conocer qué medidas adoptaría el Estado para evitar que una eventual reducción de recursos impida concluir investigaciones, procesos judiciales y sanciones.
La comunicación no constituye una sentencia ni una decisión judicial contra Colombia. Es un requerimiento formal de información y una expresión de preocupación de expertos internacionales que examinan el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Su importancia radica en que el análisis no se limita a la administración de los recursos públicos: examina las posibles consecuencias de las medidas propuestas sobre la independencia judicial, los derechos de las víctimas y los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.
Los $170.000 millones que están en discusión
Uno de los puntos centrales es la propuesta de reasignar $170.000 millones del presupuesto de la JEP para la vigencia de 2027.
Según la información pública examinada por la CIDH, las comisiones económicas tercera y cuarta del Congreso aprobaron esa propuesta en primer debate el 23 de septiembre.
La Comisión Interamericana advirtió que, de concretarse la medida, la jurisdicción recibiría aproximadamente $254.000 millones menos de los recursos que considera necesarios para atender sus necesidades operativas.
La diferencia entre el monto de la reasignación y el déficit estimado obedece a que no se trata de cifras equivalentes: una corresponde al traslado presupuestal propuesto y la otra a la diferencia señalada entre los recursos disponibles y las necesidades de funcionamiento.
La CIDH recogió advertencias de la propia JEP según las cuales la reducción podría poner en riesgo su funcionamiento, afectar el sistema de protección de víctimas, testigos e intervinientes y dificultar la implementación de las sanciones propias.
Los expertos de Naciones Unidas, por su parte, cuestionaron la necesidad de que las decisiones presupuestales que afectan a la justicia se sustenten en criterios objetivos y transparentes, teniendo en cuenta la carga de trabajo y las necesidades operativas de las instituciones involucradas.
El debate exige distinguir entre la propuesta aprobada en las comisiones económicas y una decisión presupuestal definitiva. Al momento del pronunciamiento de la CIDH, la modificación seguía en trámite legislativo.
La discusión fiscal, por tanto, no estaba cerrada.
Una jurisdicción con investigaciones y sanciones pendientes
La JEP fue creada por el Acuerdo Final de Paz para investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos en el contexto del conflicto armado, determinar responsabilidades y establecer sanciones dentro del modelo de justicia transicional.
Su trabajo incluye procesos relacionados con secuestros, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores y otros hechos graves.
En su pronunciamiento del 6 de octubre, la CIDH destacó los avances de la jurisdicción en el esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad, la determinación de responsabilidades y la emisión de sus primeras sentencias y sanciones propias.
También señaló que la JEP atraviesa un momento decisivo para concluir acusaciones contra máximos responsables y avanzar en sus sentencias.
Esta circunstancia explica por qué los organismos internacionales consideran relevante examinar las consecuencias de las decisiones presupuestales.
Una reducción de recursos puede tener efectos sobre equipos de investigación, protección de víctimas, acompañamiento a comparecientes, funcionamiento de sedes y ejecución de las sanciones.
La magnitud de esos efectos dependerá de la decisión presupuestal definitiva y de su distribución entre las diferentes actividades de la jurisdicción. Sin embargo, tanto los expertos de Naciones Unidas como la CIDH han solicitado garantías para que las restricciones financieras no impidan el cumplimiento de sus funciones.
Dos reformas que también inquietan a los expertos
La discusión presupuestal no es el único asunto que aparece en la comunicación de Naciones Unidas.
Los expertos examinaron otras dos iniciativas relacionadas con el futuro de la JEP.
La primera busca reducir de quince a diez años el período de funcionamiento de la jurisdicción, lo que adelantaría su terminación de 2033 a 2028, según los términos de la propuesta reseñada en la comunicación.
La segunda plantea que determinadas sentencias contra integrantes de la Fuerza Pública puedan ser sometidas a revisión por el Tribunal Superior Militar y Policial.
Sobre esta última iniciativa, los expertos señalaron preocupaciones relacionadas con el carácter excepcional y restrictivo de la jurisdicción penal militar y con los estándares internacionales sobre independencia judicial.
La inquietud se refiere a las consecuencias que podrían tener esas modificaciones sobre el diseño institucional de la justicia transicional, la seguridad jurídica y los derechos de las víctimas.
Se trata de propuestas en trámite, por lo que su alcance definitivo dependerá de la evolución legislativa y, en su caso, de los controles constitucionales correspondientes.
Para los expertos, la discusión debe considerar no solo las competencias de las instituciones, sino también las obligaciones internacionales que Colombia asumió al comprometerse con la implementación integral del Acuerdo de Paz.
La CIDH pone el foco en las víctimas
El pronunciamiento del 6 de octubre tiene una particularidad: no se concentra exclusivamente en la JEP. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluye expresamente a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
La CIDH recordó que ambas instituciones son mecanismos temporales y complementarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Mientras la JEP desarrolla las funciones judiciales de su mandato, la Unidad de Búsqueda adelanta una labor humanitaria y extrajudicial para determinar la suerte y el paradero de personas desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado.
La Comisión destacó la contribución de la Unidad a la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y, cuando corresponde, a la entrega digna de sus restos a las familias.
Su advertencia es que los recursos destinados a estas entidades deben permitirles desarrollar sus funciones de manera efectiva.
La CIDH sostuvo que, aunque los Estados tienen margen para definir sus prioridades de gasto público, las decisiones de asignación o reducción presupuestal deben considerar sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En particular, recordó que la independencia de los órganos judiciales y el deber de diligencia en la investigación de graves violaciones de derechos humanos y en la búsqueda de personas desaparecidas exigen recursos adecuados, suficientes y estables.
El mensaje es relevante porque incorpora una dimensión humanitaria al debate fiscal: detrás de las partidas presupuestales hay investigaciones, procedimientos forenses y familias que esperan respuestas sobre sus seres queridos.
La búsqueda de más de 137.000 personas desaparecidas
La situación presupuestal de la Unidad de Búsqueda tiene cifras que dimensionan el problema.
En un comunicado del 17 de septiembre, la entidad advirtió que la reducción prevista para 2027 podría comprometer capacidades esenciales para continuar la búsqueda humanitaria y extrajudicial de más de 137.000 personas desaparecidas.
Según la Unidad, su necesidad técnica de recursos de inversión para 2027 asciende a $112.002,5 millones.
Sin embargo, la modificación del proyecto presupuestal dejaría esa inversión en $59.636,5 millones.
La diferencia frente a la necesidad técnica formulada por la entidad es de $52.366 millones. Además, el monto propuesto sería $16.636,5 millones inferior a los $76.273 millones asignados para inversión en 2026.
Las cifras corresponden a los recursos de inversión reportados por la entidad, no necesariamente a la totalidad de su presupuesto institucional.
La Unidad explicó que estos recursos financian investigaciones, intervenciones forenses, laboratorios de identificación, presencia territorial, participación de las familias, infraestructura y tecnología.
Entre las actividades que podrían verse afectadas mencionó:
- La búsqueda de más de 10.000 personas que se presume que continúan con vida.
- La ampliación de la toma de muestras biológicas para el Banco de Perfiles Genéticos.
- La realización de más de 10.000 prospecciones forenses y la intervención de más de 15.000 puntos de interés identificados.
- Las actividades de búsqueda con la participación de más de 25.000 personas buscadoras.
- La ejecución de al menos 690 investigaciones humanitarias y extrajudiciales proyectadas para 2027.
- La continuidad de los seis Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación, cuya capacidad operativa podría reducirse.
La entidad también advirtió que el escenario planteado podría obligar a cerrar al menos la mitad de esos seis centros.
Se trata de consecuencias previstas por la Unidad si se materializa el escenario presupuestal descrito, no de cierres que ya se hayan producido.
La diferencia es fundamental: el debate presupuestal todavía debe resolverse, pero las cifras permiten identificar las capacidades que la institución considera amenazadas.
Volker Türk: la paz necesita respaldo sostenido
El llamado de la CIDH estuvo precedido por una declaración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, el 28 de septiembre.
Al cumplirse diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas Farc-EP, el funcionario reclamó que la JEP y los demás mecanismos del Sistema Integral de Paz dispongan de recursos suficientes para cumplir sus funciones.
Türk sostuvo que esos mecanismos judiciales y extrajudiciales son indispensables para garantizar los derechos de las víctimas y responder a sus demandas.
También destacó las medidas restaurativas que se desarrollan en Colombia, incluidas las actividades de búsqueda, localización, identificación y entrega de restos en las que participan antiguos integrantes de las Farc-EP y exmiembros de la Fuerza Pública.
En su declaración, resaltó el valor de la colaboración entre antiguos adversarios para contribuir a la verdad, la reparación y la recuperación de las familias afectadas por el conflicto.
El mensaje coincide con las preocupaciones expresadas posteriormente por los cuatro expertos de Naciones Unidas y por la CIDH: los mecanismos de justicia transicional requieren condiciones institucionales y presupuestales que les permitan completar su trabajo.
Los tres pronunciamientos tienen alcances diferentes. La declaración del alto comisionado fue un llamado público; la comunicación de los expertos solicitó explicaciones al Gobierno sobre medidas concretas; y la CIDH formuló una recomendación expresa en el marco de sus competencias de protección de los derechos humanos en el continente.
En conjunto, muestran que la financiación y la continuidad de los mecanismos del Acuerdo de Paz son objeto de seguimiento internacional.
¿Qué respondió el Estado colombiano?
La CIDH también recogió la posición del Estado colombiano frente a las preocupaciones presupuestales.
Según el comunicado del 6 de octubre, el Gobierno reiteró su reconocimiento de la JEP y de la Unidad de Búsqueda como componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El Estado señaló que ambas instituciones cuentan con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Asimismo, indicó que la modificación presupuestal es competencia del Congreso y que la propuesta seguía en trámite legislativo, pendiente de la decisión de las plenarias antes del 20 de octubre.
El Gobierno también explicó que las medidas se enmarcan en un contexto de restricciones fiscales que afecta a diferentes sectores y entidades estatales.
Finalmente, sostuvo que el debate público sobre la actuación y la financiación de estas instituciones constituye una expresión legítima de transparencia, control democrático y rendición de cuentas.
Esta posición forma parte del contexto que debe tenerse en cuenta al evaluar el alcance de los pronunciamientos internacionales.
La discusión enfrenta, por un lado, las restricciones fiscales y las competencias del Congreso para definir el presupuesto y, por otro, las obligaciones del Estado de garantizar el funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La CIDH no desconoce la capacidad estatal para determinar sus prioridades presupuestales. Su advertencia es que esas decisiones deben considerar las consecuencias para la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición.
El debate de fondo: ¿cómo garantizar que la paz llegue a las víctimas?
La controversia plantea una pregunta que supera las cifras del presupuesto: ¿qué condiciones necesita Colombia para que los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz puedan concluir su trabajo?
La JEP tiene la responsabilidad de avanzar en los procesos judiciales de su competencia, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en el modelo de justicia transicional.
La Unidad de Búsqueda, por su parte, tiene un mandato humanitario y extrajudicial orientado a esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
No son instituciones intercambiables, pero sus funciones se relacionan en el propósito de responder a las víctimas y contribuir a la implementación del Acuerdo.
La reducción de recursos puede afectar sus capacidades de manera distinta. En la JEP, la preocupación se concentra en la continuidad de investigaciones, procesos judiciales, protección de participantes y ejecución de sanciones. En la Unidad de Búsqueda, el riesgo se relaciona con las investigaciones humanitarias, las operaciones territoriales y forenses, la identificación y la participación de las familias.
Por eso, el examen de las decisiones presupuestales requiere establecer qué recursos se necesitan, cuáles están disponibles, qué actividades podrían afectarse y qué alternativas permitirían mantener las capacidades esenciales.
También exige evaluar las propuestas legislativas sobre la duración y las competencias de la JEP a la luz de los compromisos asumidos por Colombia.
Los organismos internacionales no sustituyen al Congreso en la aprobación del presupuesto ni deciden por las autoridades colombianas cómo distribuir el gasto. Sus pronunciamientos, sin embargo, introducen criterios de derechos humanos y obligaciones internacionales que el Estado debe considerar en sus decisiones.
Una decisión pendiente con consecuencias para la justicia transicional
La discusión presupuestal de 2027 abre un momento decisivo para el futuro inmediato de la JEP y de la Unidad de Búsqueda.
La propuesta de reasignación de recursos, las iniciativas legislativas que buscan modificar el período de funcionamiento de la jurisdicción y el debate sobre la revisión de determinadas sentencias han motivado advertencias de expertos de Naciones Unidas y de la CIDH.
El Gobierno ha invocado las restricciones fiscales y las competencias del Congreso, mientras los organismos internacionales insisten en que las decisiones presupuestales deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.
El desenlace dependerá de las decisiones legislativas y presupuestales que adopte el Estado colombiano. Lo que está documentado, hasta ahora, es que la discusión ha trascendido el ámbito nacional y se ha convertido en un asunto de seguimiento internacional.
La preocupación expresada por Naciones Unidas y la CIDH sitúa en el centro del debate a las víctimas del conflicto armado: quienes esperan que se determinen responsabilidades, quienes reclaman reparación y quienes llevan años buscando a sus familiares desaparecidos.
El desafío para Colombia consiste en conciliar sus restricciones fiscales con la obligación de mantener instituciones capaces de cumplir los compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición derivados del Acuerdo de Paz.
Porque, más allá de las cifras, la decisión presupuestal tendrá consecuencias concretas sobre la capacidad del Estado para responder a las víctimas y avanzar en el esclarecimiento de uno de los capítulos más dolorosos de su historia.
Fuentes documentales: Naciones Unidas, comunicación de expertos del 29 de septiembre de 2026; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaración de Volker Türk del 28 de septiembre; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comunicado 215/26 del 6 de octubre; Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, comunicado del 17 de septiembre de 2026.
