La Presidencia de Colombia adjudicó un contrato por 10.000 millones de pesos a la empresa británica Amadeus Consultancy Limited, representada por el abogado Daniel Martin Kovalik, para brindar asesoría jurídica especializada en la defensa internacional del presidente Gustavo Petro frente a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. La noticia se conoció en la mañana del 11 de enero de 2026, y el acuerdo establece una ejecución hasta el 30 de abril de ese año, con labores que se realizarán mayoritariamente en el exterior ante autoridades extranjeras, aunque el contrato se firma en Colombia mediante una minuta contractual de contratación directa supervisada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
El valor total del contrato equivale a 2 millones de libras esterlinas, con pagos distribuidos en cuatro cuotas iguales de 500.000 libras cada una, es decir, unos 2.500 millones de pesos por cuota, aplicando una tasa fija máxima de 5.000 pesos por libra esterlina y supeditados a la entrega de informes de avance. Esta adjudicación responde a la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton de sanciones de la OFAC, un proceso que el Gobierno justifica como no ejecutable por personal interno, excluyendo topes de honorarios por la modalidad de contratación directa. Entre las obligaciones de la firma se incluyen estricta confidencialidad, informes periódicos, reuniones, análisis técnicos y la entrega de la propiedad intelectual a la República de Colombia.
Polémica por el uso de recursos públicos
La decisión ha desatado un fuerte debate político, especialmente porque en octubre de 2025 Daniel Kovalik había afirmado que representaría a Petro de manera pro bono, sin costo para el Gobierno, lo que contrasta con este contrato millonario calificado por críticos como un gasto innecesario de recursos estatales en un asunto personal del mandatario. La senadora María Fernanda Cabal salió al frente a cuestionar la medida, argumentando que se trata de un proceso individual de Petro y no institucional.
“Otra farsa del gobierno Petro. Mientras el abogado de Petro decía que su defensa internacional sería ‘pro bono’, la Presidencia firmó un contrato por $10.000 millones de pesos con AMADEUS Consultancy (UK) para su proceso ante la inclusión en la lista OFAC. Este es un proceso personal de Petro, no institucional. ¡Debe responder como persona natural, no con recursos del Estado!”
María Fernanda Cabal, senadora
Por su parte, el abogado Kovalik expresó optimismo con un contundente mensaje en redes sociales. La información se basa en fuentes como Reuters, la Presidencia de Colombia, la cuenta de X de @danielmkovalik, la minuta contractual del Dapre e Infobae Colombia.
«¡Venceremos!»
Daniel Martin Kovalik, abogado
Este contrato reaviva las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición en torno al manejo de fondos públicos y la estrategia legal del presidente ante las medidas de Estados Unidos, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia de las contrataciones directas.
