La presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, expresó su rotunda oposición al aumento del salario mínimo para 2026 propuesto por la Central Unitaria de Trabajadores hasta en un 15 por ciento, así como a las cifras por encima del 10 por ciento planteadas por el gobierno y otras centrales obreras, al que calificó de “exabrupto” con graves riesgos para el empleo formal y las pequeñas y medianas empresas. Estas declaraciones las realizó durante el XXII Congreso Nacional de la Infraestructura en Colombia, en momentos en que la mesa de concertación salarial tripartita, integrada por sindicatos, empresarios y gobierno, se instalará el próximo 1 de diciembre para negociar el incremento.
Actualmente, el salario mínimo mensual es de 1.423.500 pesos, con un costo total por empleado que alcanza los 2.240.349 pesos al incluir auxilio de transporte, seguridad social, prestaciones y parafiscales. Un alza del 10 por ciento elevaría el salario base a 1.565.850 pesos más 220.000 pesos de auxilio de transporte, totalizando 1.786.850 pesos. Gutiérrez argumentó que estas propuestas superan tres veces la inflación registrada hasta octubre de 2025, que fue del 5,51 por ciento, en un contexto de déficit fiscal elevado, crecimiento económico del 2,6 por ciento no sostenible y una informalidad laboral superior al 50 por ciento, con más de 13 millones de trabajadores informales frente a 10 millones formales.
Riesgos para las pymes y el empleo formal
La ejecutiva enfatizó que un salario mínimo por encima de dos dígitos sería un gran error para la generación de empleo, ya que incrementaría los costos para las pymes, llevándolas a despedir personal. Esta visión es compartida por otros actores del sector: Rosmery Quintero, presidenta del Observatorio Nacional de la Mipyme, advirtió que representaría una carga significativa para las micro, pequeñas y medianas empresas, donde incluso un aumento leve en los costos laborales puede determinar la posibilidad de mantener o reducir su planta de personal. Por su parte, Jaime Cabal, presidente de Fenalco, señaló que en la práctica esto se convierte en lo comido por lo servido, pues sube el salario pero también los precios, dejando al trabajador sin un beneficio real. Además, Acopi ha advertido que un incremento superior al 7 por ciento reduce el salario real, afecta la inversión y el empleo, en un crecimiento económico basado en el consumo de los hogares sin inversión productiva.
“Me parece tres veces más la inflación, es un exabrupto”
María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval
“Con este déficit fiscal, un salario mínimo por encima de dos dígitos es un gran error. Es un gran error para la generación de empleo. Si le subimos un costo mayor a las pymes, lo que van a hacer es despedir personas”
María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval
El debate se enmarca en la fórmula tradicional para el salario mínimo, que incluye inflación y productividad, como ocurrió en 2025 con un aumento del 9,54 por ciento. Mientras los gremios empresariales buscan preservar el poder adquisitivo sin trasladar el impacto a precios e inflación, advierten sobre el riesgo de despidos en pymes, menor empleo formal y la alta informalidad que limita la sostenibilidad económica. Armando Benedetti, ministro del Interior, ha mencionado una posibilidad del 11 por ciento, en tanto las centrales obreras proponen al menos el 10 por ciento.
“Ese crecimiento no es sostenible”
María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval
La negociación en la mesa tripartita será clave para equilibrar las expectativas de los trabajadores con la viabilidad de las empresas en un panorama económico desafiante.
