El presidente Abelardo de la Espriella completa este 15 de noviembre sus primeros cien días de gobierno, un período marcado por fuertes controversias que van desde la gestión de emergencias hasta la política de seguridad y las decisiones de gabinete. Desde su posesión el 7 de agosto en Cali, el mandatario ha enfrentado un terremoto devastador, la reactivación de bombardeos contra grupos armados, la renuncia de funcionarios clave y múltiples cuestionamientos sobre su estilo de comunicación y el uso de recursos públicos. La evaluación de estos primeros meses está atravesada por un clima de polarización y críticas tanto desde el Congreso como desde sectores de la ciudadanía.
La sombra del terremoto de Chocó
Apenas tres días después de asumir el poder, el 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 sacudió el departamento de Chocó y dejó una estela de destrucción. Las cifras oficiales reportan 335 víctimas mortales, 4.516 heridos, 105 desaparecidos y 778.281 personas damnificadas. El impacto en la infraestructura fue igualmente grave: 36.478 viviendas quedaron destruidas y otras 207.889 resultaron averiadas. La respuesta del gobierno a esta emergencia se convirtió en uno de los primeros focos de controversia, especialmente por la demora en la entrega de ayudas en municipios como Pereira, donde el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, le reclamó públicamente al presidente en su cuenta de X: «Bueno ratita… ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica». La Fiscalía abrió una indagación preliminar contra Matador por posible hostigamiento e injuria, aunque el proceso no implica responsabilidad penal en esta etapa.
En paralelo, la primera dama Ana Lucía Pineda lideró la recaudación de donaciones a través de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que entre julio y octubre administró 54.589 millones de pesos. Sin embargo, la gestión de esos recursos también generó suspicacias: un juzgado ordenó a la fundación entregar un reporte detallado de las donaciones, sin que hasta el momento se hayan establecido irregularidades. En una entrevista con la revista Semana, Pineda fue enfática al responder a las críticas: «No me intimidan, no me detienen».
La política de seguridad y los bombardeos
Otra de las decisiones más polémicas del nuevo gobierno fue la reactivación de los bombardeos contra grupos armados ilegales. La primera operación se desarrolló en Catatumbo entre el 10 y el 11 de agosto contra el ELN, y la segunda tuvo lugar en Guaviare el 27 de agosto contra disidencias de las Farc. A finales de octubre, la Defensoría del Pueblo confirmó que en esos operativos militares murieron ocho menores de edad. Este hecho encendió las alarmas y provocó el rechazo de organizaciones de derechos humanos. Un juzgado admitió inicialmente una tutela contra las operaciones aéreas por posible afectación a menores, pero el Tribunal Superior de Bogotá revocó posteriormente esa decisión.
La controversia se intensificó el 2 de septiembre, cuando se conocieron videos del presidente caminando entre cadáveres e increpando a detenidos durante la operación Azarías en Miraflores, Guaviare. El abogado penalista Santiago Trespalacios afirmó en Caracol Radio que «el presidente de la República de Colombia está violando la Constitución que juró proteger». Esas imágenes marcaron un punto de inflexión en la opinión pública y generaron un intenso debate sobre los límites de la comunicación presidencial.
«No me intimidan, no me detienen»
Ana Lucía Pineda, primera dama
Mociones de censura y cambios en el gabinete
El Congreso también fue escenario de fuertes tensiones durante estos cien días. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, enfrentó una moción de censura que finalmente fue negada por el Senado. Durante el debate, Beltrán se defendió con dureza y lanzó críticas a sus oponentes: «Condenan la familia, pero hacen silencio ante las atrocidades que hacen a escondidas». Previamente, la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, había sido implacable al referirse a unas vacaciones del ministro en la playa: «Si en este momento la prioridad de Jaime Andrés Beltrán es irse de vacaciones a la playa, destitúyalo Abelardo de la Espriella. Firme por las vacaciones». Beltrán, por su parte, justificó su ausencia en un video difundido en redes sociales: «Quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos».
El Ministerio del Interior también sufrió un revés. Rodrigo Lara renunció el 3 de octubre, tras apenas 76 días en el cargo, luego del hundimiento del Presupuesto General de la Nación 2027 y por desacuerdos políticos. En su reemplazo asumió Alejandro Ordóñez, quien deberá enfrentar un panorama legislativo complejo. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, se salvó de una moción de censura que fue hundida con 65 votos en contra y 17 a favor, pero las críticas por la muerte de menores en los bombardeos siguen sobre la mesa.
«La simple sospecha será suficiente»
Abelardo de la Espriella, presidente
Costos y polémicas administrativas
El uso de los recursos públicos también ha estado en el centro del debate. Entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre, los desplazamientos aéreos presidenciales tuvieron un costo de 2.286 millones de pesos, con 219 movimientos de aeronaves, de los cuales 138 fueron de menos de diez minutos. El representante José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico, fue directo: «Presidente, siga trabajando, pero no abuse del helicóptero. No es un juguete. Lo pagamos todos los colombianos».
Por otro lado, el presidente destituyó al director nacional de Bomberos, Germán Miranda, luego de que se conocieran audios que sugerían una gestión irregular ante la Fiscalía. Al anunciar la salida, De la Espriella fue categórico: «La simple sospecha será suficiente». Miranda fue declarado insubsistente, en una decisión que refuerza el mensaje de mano dura que el mandatario ha intentado transmitir en sus primeras cien jornadas de gobierno.









