El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confrontó directamente a la gobernadora del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y a la representante a la Cámara por esa región, Elizabeth Jay‑Pang Díaz, a quienes acusó de estar implicadas en presuntas irregularidades en la contratación y el manejo del hospital de la isla. Durante una intervención pública, el mandatario señaló que la administración nacional intervendrá para esclarecer los hechos y aseguró que existen denuncias de años de corrupción en el territorio insular, defendiendo la necesidad de proteger los recursos públicos.
De la Espriella fue contundente en sus señalamientos al afirmar que “toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación”, en referencia directa a la gobernadora, y lanzó frases como “llevan años robándose el hospital” o “a este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración”. El presidente también sostuvo que “aquí no ha faltado plata, aquí lo que ha faltado es honestidad”, sin detallar montos específicos pero dejando claro que el archipiélago ha recibido recursos suficientes según su criterio.
Reacciones divididas en el espectro político
Las declaraciones presidenciales provocaron reacciones encontradas. La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta calificó de “ilegítimo” al jefe de Estado y consideró que sus amenazas y violencia política violan la Constitución. “Si hay corrupción, denúnciela”, exigió Zuleta, quien además criticó que De la Espriella “desprecia a las cortes, a los jueces y a la justicia, también a las mujeres”. Por su parte, la representante Alexandra Pineda Ortiz, también del Pacto Histórico, comparó la actitud presidencial frente a San Andrés con el respaldo mostrado al clan Gnecco en el Cesar, y advirtió que sin pruebas los señalamientos se convierten en “espectáculo mediático”, agregando que el presidente muestra “con los poderosos, complacencia”.
Desde otros sectores, el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela respaldó la intervención y pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a los entes de control que aceleren las actuaciones, afirmando que “los recursos públicos se defienden”. En la misma línea, el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid celebró la decisión de intervenir el hospital y advirtió que “como en San Andrés, son muchos otros lugares donde pagan favores políticos entregando los hospitales a sus cómplices y financiadores de campaña”.
“Llevan años robándose el hospital”
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
La controversia se da en el contexto de la intervención del hospital de San Andrés por parte del gobierno nacional, basada en denuncias sobre uso indebido de sus recursos. Mientras la oposición pide que los señalamientos se formalicen ante la justicia y critica el trato diferencial según el grupo político, los sectores de derecha respaldan la medida y exigen celeridad en las investigaciones. El presidente, por su parte, insiste en que su administración no permitirá que se sigan desviando los recursos del archipiélago.
