En la mañana del miércoles 21 de enero, Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional de Colombia, radicó una solicitud para suspender provisionalmente el Decreto de Emergencia Económica 1390 de 2025, emitido por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El documento, enviado de manera cifrada a los despachos de los magistrados, cuenta con Carlos Camargo Assis como ponente y será sometido a la consideración de la Sala Plena, que requerirá al menos cinco votos favorables para que prospere la medida.
Esta iniciativa surge en el marco de la revisión de la legalidad del decreto, que otorga poderes especiales al Ejecutivo para modificar impuestos y normas sin la intervención del Congreso, tras el fracaso de la reforma tributaria. La Corte busca determinar si realmente existe una situación extraordinaria que justifique su aplicación, en un contexto inédito donde, según la jurisprudencia desde 1994, no se han suspendido decretos de emergencia económica en procesos de revisión similares.
Contexto y tensiones institucionales
El decreto ha generado controversia porque varios capitales y departamentos ya habían solicitado su suspensión ante el tribunal, cuestionando el agotamiento de mecanismos ordinarios, el respeto a la separación de poderes y la justificación de la medida en un escenario post-pandemia de covid-19. Además, la Corte ha formulado interrogantes sobre la situación administrativa de los ministros firmantes, como el caso de Irene Vélez, quien asumió en encargo del Ministerio de Ambiente. El proceso también exige un concepto previo de la Procuraduría, por lo que no se estudiará esta semana, lo que podría pausar los efectos del decreto y acentuar las tensiones institucionales en torno a la competencia de la ponencia.
Esta solicitud representa un momento clave en el pulso entre poderes públicos, donde la decisión de la Sala Plena podría redefinir los límites de las facultades extraordinarias del gobierno en momentos de crisis económica, manteniendo en vilo las expectativas de capitales territoriales y observadores políticos que siguen de cerca el desarrollo del caso en la Corte Constitucional.
