El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el viernes 7 de agosto la eliminación del impuesto al patrimonio como parte de una reforma tributaria estructural orientada a incentivar la inversión privada. «Lo dije como candidato y hoy lo corroboro como presidente, el Impuesto al Patrimonio será eliminado», afirmó el mandatario, quien relacionó la medida con su postura sobre el manejo de los recursos públicos al asegurar que desaparecerán el despilfarro, el abuso y los colados. El gravamen, que pagan quienes tienen patrimonios líquidos iguales o superiores a 72.000 UVT —equivalentes a más de 3.500 millones de pesos en 2025—, había sido convertido en un tributo permanente a partir de la reforma tributaria de 2022.
De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 el impuesto al patrimonio recaudó un billón de pesos, lo que representa apenas el 0,6 por ciento de los ingresos administrados por la Dian. Expertos consultados coinciden en que el tributo ha generado efectos contraproducentes: una reducción del 24 por ciento en el número de declarantes y una caída del 36 por ciento en el valor patrimonial informado entre personas con patrimonios superiores a 12.000 millones de pesos. El analista económico Carlos Romero Leal explicó que «no es un impuesto ‘a los ricos’ en abstracto; grava capital ya acumulado y previamente tributado», y agregó que «más impuestos al patrimonio significan menos ahorro, menos inversión y menor generación de empleo».
Comparación internacional y efectos distorsionantes
La decisión del Gobierno se alinea con una tendencia global que ha llevado a la mayoría de países a abandonar este tipo de gravámenes. En Europa, de 12 naciones que tenían impuestos sobre el patrimonio neto en 1990, hoy solo tres lo mantienen: España, Noruega y Suiza. Luis Fernando Mejía, exdirector ejecutivo de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, señaló que el impuesto «luce progresivo, pero tiene dos problemas de fondo: en ausencia de un mecanismo global de tributación, incentiva el traslado de los grandes patrimonios a otras jurisdicciones; y es altamente distorsionante, porque grava el capital con independencia de su rentabilidad». Según Mejía, «Colombia es, por tanto, una excepción dentro de una tendencia internacional que ha llevado a abandonar este tipo de impuestos por sus bajos niveles de recaudo y sus efectos sobre el ahorro, la inversión y la movilidad de los capitales».
«En Colombia se debe dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en la patria».
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
El economista Gabriel Angarita respaldó la eliminación como «una buena medida para empezar a arreglar el sistema tributario de Colombia», y recordó que el impuesto ha tenido «más efectos negativos que positivos al crear incentivos para que el capital se fuera del país y dejar de atraer inversiones». Un cálculo ilustrativo citado por los expertos muestra que una tarifa del 1,5 por ciento sobre un activo que rinde un 3 por ciento real equivale a una tasa efectiva del 50 por ciento sobre rentas ya gravadas. La eliminación del tributo requerirá la aprobación del Congreso de la República, y el presidente la presentó como parte de un paquete de medidas que busca incentivar el retorno de capitales desde el exterior, incluyendo el de figuras como el futbolista Radamel Falcao García, quien según versiones periodísticas decidió no continuar en Millonarios por este motivo. Mejía advirtió, además, que «quienes trasladaron su patrimonio y permanecen menos de 183 días al año en el país no solo dejaron de tributar por ese concepto, sino que ahora tampoco pagan impuesto de renta».
