En una contundente jornada que marca un nuevo capítulo en la política colombiana, el presidente Abelardo de la Espriella entregó a la Fiscalía General de la Nación el denominado «Libro de la Verdad», un documento técnico-jurídico en el que se detallan presuntas irregularidades en la reforma agraria impulsada por el expresidente Gustavo Petro. Durante una rueda de prensa realizada este jueves en el salón de prensa de la Presidencia, el mandatario denunció que se habrían maquillado cifras y se promovió una ocupación de tierras sin las garantías legales necesarias, configurando lo que calificó como «una operación de maquillaje estadístico».
El documento, presentado como una radiografía técnica y jurídica sobre el manejo de tierras durante la administración anterior, expone cifras que revelan una profunda brecha entre lo anunciado y la realidad jurídica. De acuerdo con la información recopilada, de las 351.463 hectáreas que el Fondo de Tierras entregó a campesinos, apenas 98.148 cuentan con registro pleno ante Instrumentos Públicos, una cifra que representa únicamente el 7% de la meta establecida para el cuatrienio 2022-2026. Las restantes 206.273 hectáreas fueron entregadas de forma provisional, sin que los beneficiarios posean un título legal que les otorgue seguridad sobre la propiedad.
Un billón de pesos en riesgo
Quizás uno de los hallazgos más alarmantes consignados en el Libro de la Verdad tiene que ver con los recursos públicos destinados a la compra de predios. La Contraloría General de la República proporcionó información clave que evidencia que, de 537 predios adquiridos a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un valor total de 979.003 millones de pesos, apenas tres contaban con escritura registrada a favor de la Nación al corte del 22 de junio de 2026. Esta situación, según advierte el Gobierno de De la Espriella, no solo representa un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos, sino que abre la puerta a litigios por parte de terceros y a posibles hechos de corrupción que la nueva administración deberá enfrentar.
«En la práctica, el Gobierno anterior promovió una ocupación de tierras sin garantías legales y la presentó como una conquista social. Y el manejo de casi un billón de pesos en predios sin registrar no solo representa un riesgo de pérdida de recursos públicos, sino que abre la puerta a litigios de terceros y a posibles hechos de corrupción que el nuevo Gobierno tendrá que enfrentar».
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
La falta de registro pleno tiene consecuencias directas para los campesinos que recibieron estas tierras, pues sin un título legal no pueden venderlas, heredarlas ni utilizarlas como respaldo para obtener créditos, quedando además expuestas a un potencial despojo por parte de terceros. La sección del documento titulada «Opacidad y distorsión de la información pública» detalla cómo, a juicio del Ejecutivo, se habría manipulado la información para presentar como un logro lo que en realidad era una situación irregular.
El presidente De la Espriella fue enfático al señalar que su administración no busca una condena anticipada, sino que se esclarezcan los hechos. «Si la evidencia demuestra la comisión de delitos o faltas disciplinarias o responsabilidad fiscal, el pueblo espera que los responsables sean investigados, juzgados y sancionados conforme a la ley. Que quede muy claro, no le estoy pidiendo a la justicia una condena anticipada. Le estoy entregando información para que puedan ustedes hallar la verdad de lo que ocurrió», afirmó el mandatario durante la presentación del documento.
