En un contundente operativo ejecutado este 5 de septiembre de 2026, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el traslado de 39 reclusos desde distintas cárceles de Barranquilla hacia penales de alta seguridad en regiones como Bogotá, específicamente la Picota, y Cómbita. La medida, ordenada directamente por el mandatario al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), busca frenar las extorsiones y la coordinación criminal que se gestaba desde los centros de reclusión. Este anuncio se enmarca en el plan de seguridad presidencial de 90 días, que tiene a Barranquilla como uno de los escenarios prioritarios ante la preocupación ciudadana por la extorsión y los homicidios selectivos.
Este nuevo movimiento de presos se suma a una serie de traslados previos que han movilizado a más de 80 internos en menos de dos semanas. El primero ocurrió el 25 de agosto, cuando 20 reclusos fueron enviados a La Picota y Cómbita, entre ellos presuntos miembros de los grupos criminales Los Pepes y Los Costeños. Luego, el 28 de agosto, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó el traslado de otros cuatro internos desde la Penitenciaría El Bosque, vinculados a delitos de homicidio, hurto y extorsión. Horas antes, el 27 de agosto, en operativos conjuntos del Inpec y la Fiscalía, fueron incautados 18 teléfonos celulares y equipos de comunicación satelital, incluyendo antenas Starlink, en los penales El Bosque y La Modelo, evidenciando la sofisticada red que permitía a los reclusos continuar delinquiendo desde la celda.
Combate frontal contra el crimen desde las prisiones
En un mensaje difundido en redes sociales, el presidente De la Espriella fue categórico al señalar que su gobierno está desarticulando las redes de comunicación de las estructuras criminales y cortando su capacidad de intimidación. “Quien está privado de la libertad está para cumplir su condena, no para dirigir organizaciones criminales. En Colombia, las cárceles no serán centros de operaciones del delito. La justicia se hará respetar y la ley se cumplirá con todo su peso”, afirmó el mandatario. En una declaración anterior, al referirse al primer grupo de trasladados, advirtió que por orden directa suya el Inpec está poniendo fin a las “zonas de confort” de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles.
“Estamos desarticulando sus redes de comunicación y cortando su capacidad de intimidación. Quien está privado de la libertad está para cumplir su condena, no para dirigir organizaciones criminales. En Colombia, las cárceles no serán centros de operaciones del delito. La justicia se hará respetar y la ley se cumplirá con todo su peso”
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
La estrategia gubernamental no se limita a los traslados. De la Espriella ha defendido una política de seguridad urbana integral que elimine las barreras entre el ámbito urbano y rural, haciendo énfasis en la soberanía nacional en fronteras, carreteras, veredas, barrios y puertos. El presidente asoció la criminalidad a una disputa por el poder y rechazó que trabajar, abrir un negocio, usar transporte público o volver a casa implique riesgo para los colombianos. También manifestó su rechazo a que la extorsión se incorpore como un costo para los comerciantes o que las familias tengan que abandonar los parques por temor. Con estos operativos, el Ejecutivo busca eliminar las zonas de confort penitenciarias y cortar el uso de tecnología satelital para coordinar delitos, como parte de una estrategia de control territorial que combina presencia, inteligencia y tecnología.
