En sus primeros dos días de mandato, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 403 personas privadas de la libertad a diferentes centros penitenciarios del país, una cifra que cuadruplica los 117 presos de alto perfil que inicialmente se habían reportado, según información oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La medida, ejecutada entre el 7 y el 8 de agosto de 2024, se convirtió en el primer acto de gobierno del nuevo mandatario y movilizó a internos desde múltiples cárceles —incluyendo la Escuela de Carabineros de Bogotá y la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia— hacia destinos como la penitenciaría de Ibagué, entre otras.
La magnitud del operativo fue revelada tras una respuesta del Inpec a un derecho de petición del diario El Tiempo, en la que se detalló que el 7 de agosto se realizaron 39 traslados y al día siguiente, 8 de agosto, otros 364, para un total de 403. Inicialmente, las cifras públicas hablaban de 117 reclusos de alto perfil, pero los nuevos datos oficiales evidencian que la movilización fue mucho más amplia y está considerada como una de las más extensas del sistema penitenciario colombiano en los últimos años. El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, fue el encargado de ejecutar la orden presidencial a través de la Resolución 006052 y otras acciones administrativas.
Identidades bajo reserva y casos conocidos
Aunque el Inpec invocó la protección del habeas data para mantener reserva sobre la identidad de la mayoría de los trasladados, la investigación periodística logró establecer que entre los movilizados figuran nombres relevantes del crimen organizado y figuras mediáticas. Destacan José Leonardo Muñoz Martínez (alias Douglas), Freyner Alonso Ramírez García (alias Carlos Pesebre u Orejas), Hernán Giraldo, Daneidy Barrera Rojas (alias Epa Colombia), Margareth Chacón —procesada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci—, Sergio Andrés Pastor (alias 19), John Keneber Cárdenas Murillo (alias Kenner o Cebollero), Marlon Herrera Zárate (alias W o Walter) y Charly de Jesús Agamez Torres, cabecilla de disidencias de las Farc. Varios de estos internos estaban vinculados a la estrategia de paz total y a las negociaciones de paz impulsadas por el gobierno anterior de Gustavo Petro.
El traslado de Epa Colombia, por ejemplo, se dio por razones de seguridad, desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hacia la cárcel de Ibagué. Por su parte, Margareth Chacón había solicitado mejores garantías para su reclusión. En el caso de la cárcel La Paz de Itagüí, fueron movilizados cabecillas de la organización criminal La Oficina, que estaban recluidos en ese centro.
Razones oficiales y posibles nuevos traslados
El gobierno de Abelardo de la Espriella justificó la medida apelando a razones de seguridad nacional, la necesidad de descongestionar las cárceles, proteger la integridad de los internos y del personal penitenciario, atender solicitudes de los propios reclusos o sus familias, y responder a alertas de seguridad emitidas por los directores de los centros carcelarios, basadas en la clasificación de riesgo de alta peligrosidad. De las 403 órdenes, al menos 167 quedaron registradas en la Resolución 006052, pero otras se canalizaron por vías administrativas ordinarias.
El traslado masivo tuvo lugar en plena transición presidencial, a solo 20 días de la posesión de De la Espriella. La administración dejó abierta la posibilidad de nuevos movimientos de reclusos, lo que sugiere que el operativo de agosto podría ser solo el inicio de una reorganización profunda del sistema carcelario colombiano bajo el nuevo gobierno.
