El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, desató una fuerte polémica política y jurídica tras ser visto portando un arma de fuego visible en su cinturón durante un recorrido que realizó por varios barrios de Santa Marta, en respuesta al paro armado impuesto por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). La imagen del mandatario, que apareció en un video bajándose de un automóvil con chaleco antibalas y una pistola al cinto, acompañado de autoridades políticas, policiales y militares, generó críticas inmediatas del expresidente Gustavo Petro y provocó un cuestionamiento directo de la ONG Temblores sobre la legalidad y la verdadera necesidad de que el jefe de Estado porte personalmente un arma.
La escalada de violencia que motivó la presencia de De la Espriella en la capital del Magdalena se originó el pasado 21 de septiembre, cuando las Fuerzas Militares y la Policía realizaron una operación en la vereda Guachaca que dejó siete miembros de la Acsn abatidos, entre ellos alias ‘Cholo’, segundo cabecilla y financiero del grupo criminal. Como represalia directa, esta estructura narcoterrorista declaró un paro armado que obligó al cierre masivo de establecimientos comerciales, la suspensión de rutas de transporte, disparos contra negocios y la quema de vehículos, hechos que el Cuerpo de Bomberos de Santa Marta logró controlar. Frente a esta crisis de orden público, el mandatario ordenó el despliegue de 1.100 uniformados de la Policía y el Ejército, incluyendo Fuerzas Especiales Urbanas, mientras el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, y la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, respaldaban el refuerzo y reabrían la Troncal del Caribe.
¿Qué arma porta y por qué la necesita?
La controversia, sin embargo, no se centró únicamente en las medidas de seguridad adoptadas, sino en la imagen del presidente con el arma al cinto. El expresidente Gustavo Petro recurrió a la red social X para lanzar una crítica cargada de contenido político. “Abelardo con pistola al cinto como en épocas pasadas, va a Santa Marta y no muestra que busca recortar el 40% de los subsidios para los pobres. En mi gobierno lo que llevamos fue mucho turismo que redujo la pobreza como ninguna capital de Colombia logró”, escribió Petro, cuestionando la prioridad del actual mandatario al mostrarse armado en lugar de dar a conocer su agenda social. A su vez, la ONG Temblores elevó la discusión al terreno jurídico mediante un hilo en la misma plataforma, exigiendo aclaraciones puntuales: “¿Qué arma porta?, ¿está registrada?, ¿a nombre de quién?, ¿cuenta con permiso de porte vigente y las autorizaciones exigibles?”. La organización fue más allá incluso si se cumplieran todos los requisitos legales, preguntándose “¿por qué el Presidente de la República considera necesario portar personalmente un arma de fuego, teniendo a su disposición uno de los mayores esquemas de protección del Estado?”.
«A los samarios y a Colombia les garantizo que iremos tras los máximos cabecillas de estas estructuras narcoterroristas y emplearemos toda la capacidad legítima del Estado para neutralizar su accionar criminal y llevar a sus responsables ante la justicia. Que lo tengan muy claro: el Estado no se arrodilla ante los criminales».
Abelardo de la Espriella, Presidente de Colombia
El trasfondo legal de la controversia se remonta al Decreto 1368, firmado por De la Espriella el pasado 8 de septiembre, mediante el cual levantó la suspensión general del porte de armas que estaba vigente desde 2015 para ciudadanos que contaran con salvoconductos o permisos en regla, una medida que sus antecesores, Iván Duque y el propio Gustavo Petro, habían renovado durante sus mandatos. La acción del presidente en Santa Marta se inscribe además en una ofensiva más amplia contra la Acsn, a la que ya había asestado un duro golpe con el abatimiento de alias Bendito Menor, segundo cabecilla del grupo. En medio del fuego cruzado de opiniones, la noticia del presidente armado en las calles de Santa Marta mantiene abierta una grieta que enfrenta la necesidad de mostrar mano dura contra el crimen con los límites legales y simbólicos que implica el porte de un arma por parte de la máxima autoridad del país.
