El presidente Abelardo de la Espriella se reunió este miércoles 26 de agosto con la Sala Plena de la Corte Constitucional, en un encuentro protocolario que se produce apenas un día después de que el alto tribunal tomara una decisión clave sobre la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. El mandatario, acompañado del ministro de Justicia, Iván Cancino, se presentó ante los magistrados Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero, Lina Marcela Escobar, Jorge Enrique Ibáñez, Héctor Carvajal, Carlos Camargo, Paola Meneses, quien preside la corporación, y Natalia Ángel, vicepresidenta, en lo que constituye un gesto de acercamiento institucional entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.
La reunión se da en un contexto de especial sensibilidad, luego de que la Sala Plena decidiera devolver nueve artículos de la reforma pensional a la Cámara de Representantes para que se corrijan vicios de trámite, mientras que el resto del articulado fue avalado. Esta decisión se suma a las tensiones que marcaron la relación entre la anterior administración y la Corte, particularmente con el entonces presidente del tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por los tiempos de estudio que demandó la reforma. El Gobierno de De la Espriella busca ahora recomponer los puentes de coordinación y fortalecer el diálogo con las altas cortes, en un intento por distanciarse de los roces que caracterizaron el periodo anterior.
Una agenda de acercamiento con la Rama Judicial
El encuentro con la Sala Plena de la Corte Constitucional hace parte de una serie de visitas protocolarias que el presidente ha emprendido desde el inicio de su mandato. De la Espriella, junto al ministro Cancino, ya se había reunido previamente con las salas plenas del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, además de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura. La agenda del jefe de Estado continuará próximamente con una visita a la Sala Plena de la Corte Suprema, en lo que se interpreta como un esfuerzo sistemático por establecer canales de comunicación fluida con todos los estamentos del poder judicial.
Uno de los temas que se cruza en esta relación institucional es el decreto de emergencia económica que expidió el actual Gobierno tras el terremoto del pasado 10 de agosto, y que actualmente se encuentra bajo estudio de la Corte Constitucional. La decisión que tome el tribunal sobre esta medida podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre los dos poderes, especialmente en un momento en que el Ejecutivo ha presentado varias reformas que impactan directamente la Rama Judicial, como la eliminación de la audiencia de imputación, la creación de la jurisdicción agraria y las modificaciones sobre la participación de la Procuraduría en procesos penales.
