El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en una alocución emitida el 30 de agosto de 2026 la terminación definitiva de los procesos de paz con tres organizaciones armadas ilegales, a través de nueve resoluciones que cancelan los espacios de conversación. La decisión, que revierte la política de la denominada “Paz Total” impulsada por el gobierno anterior, fue respaldada de manera inmediata por el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguín Mayorga, quien en declaraciones a Caracol Radio aseguró que durante ese período las víctimas del conflicto continuaron sufriendo el flagelo de la guerra. Los grupos afectados por la medida son el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las disidencias de las Farc liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
En su alocución, el mandatario fue contundente al explicar las razones de la cesación: “No hay una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la justicia que justifique mantener esas farsas”. La declaración presidencial marca un giro radical frente a la estrategia de diálogo que su antecesor, Gustavo Petro, había puesto en marcha como eje de su política de seguridad, y que según el actual gobierno no arrojó resultados concretos en términos de desarme ni de sometimiento de las estructuras armadas.
Las víctimas respaldan la decisión y señalan al ELN y las disidencias
Olguín Mayorga, en nombre de la Asociación Nacional de Víctimas, organización que agrupa a personas afectadas por el conflicto armado en todo el país, manifestó su acuerdo con la medida adoptada por el Ejecutivo. “Durante este tiempo que duró la Paz Total, las víctimas del conflicto armado, de una u otra manera, sufrimos el flagelo de la guerra (…) desde la Asociación Nacional de Víctimas estamos de acuerdo con ello”, afirmó el dirigente, quien además fue enfático al señalar que “no hubo voluntad de paz por parte de los actores en confrontación, es decir, del ELN y las disidencias de las Farc”.
“No hay una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la justicia que justifique mantener esas farsas”
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Uno de los puntos más críticos que respaldan la decisión presidencial es la situación en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, que se ha convertido en el epicentro de intensos combates entre el ELN y las disidencias de las Farc. Según Mayorga, esa violencia sostenida en la zona demuestra el fracaso de los diálogos y evidencia que los grupos armados no tenían una intención real de desmovilizarse. “Esperamos que con el nuevo gobierno vengan garantías de seguridad y desarrollo para esta región del país”, añadió el representante de las víctimas, quien confía en que la administración de De la Espriella adopte medidas concretas para proteger a la población civil y atender las causas estructurales del conflicto en ese territorio.
Con esta decisión, el gobierno de Abelardo de la Espriella entierra formalmente los procesos de negociación con el EMBF, la CNEB y las ACSN, y envía una señal clara a las estructuras armadas: el diálogo será posible únicamente si existe una voluntad verificable de paz y un sometimiento serio a la justicia. Mientras tanto, las víctimas del conflicto, que durante años han esperado reparación y verdad, observan con cautela este nuevo capítulo de la historia reciente del país, a la espera de que las palabras del mandatario se traduzcan en hechos sobre el terreno, especialmente en las regiones más golpeadas por la violencia como el Catatumbo.
