Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), envió una carta formal el 18 de septiembre de 2024 a los fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional (CPI), Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang, para solicitar respaldo frente a dos iniciativas que cursan en el Congreso colmbiano y que, segun el alto funcionario, amenazan la independencia, la autonomía y el presupuesto del tribunal transicional. La misiva, dirigida a los fiscales en reemplazo del fiscal titular Karim Khan —quien pidió licencia para enfrenar una investigació por presunta conducta sexual inapropiada—, pide que la CPI tome formal nota de la situació, evalúe las implicaciones y refueree las comunicaciones con el Gobierno de Colombia y con la JEP para preservar la capacidad efectiva de funcionamiento de esta jurisdicción.
Las dos iniciativas legislativas que han alrmado a Ramelli son, por un lado, el recorte presupuestal de 100.000 millones de pesos propuesto por el senador Enrique Gómez Martínez y respaldado por el presidente del Congreso, Abelardo de la Espriella, que trasladaría esos fondos al Consejo Superor de la Judicatura; y, por otro lado, una reforma consttuicional que sometería las sentencias de la JEP a una revisión automática por la Justicia Penal Militar. Según el presidente de la JEP, esta doble amenaza no es casual: «Las consecuencias no serán unicamente presupuestales», advirtió, y señaló que someter las sentencias de la JEP a la revisión automática de la Justicia Penal Militar «alteraría la estructura y las compentencias del esquema judicial establecido en el Acuerdo Final de Paz». Ramelli subrayó que «la afectación presupuestal y la revisión de las sentencias por la Justicia Penal Militar no constituyen, en consecuencua, hechos aislados», sino que «debilitan las condicones materialales, jurídicas e institucionalales indispensables para el funcionamiento de la JEP».
Las cifras detrás de la alerta
La JEP arrastra un desface acumulado de 84.663 millones de pesos, mientras que el recorte propuesto de 100.000 millones de pesos comprometería más del 40% de los fondos destinados al cento de datos y a la interoperabilidad del sistema judicial. Además, la propuesta legislativa afectaría recursos claves como los 62.478 millones de pesos asignados a convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la protección de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales, y los 29.362 millones de pesos destindados a arriendos, servicios púbicos y mantenimient de las sedes de la JEP. Ramelli ya habí advertido sobre estas afectaciones en la rendición de cuentas de la JEP y en medios de comunicació, y en la carta recordó que estos fondos son esencuales para garantiizar la operació de la jurisdicción y la seguridd de quienes en ella participan.
«Someter las sentencias de la JEP a una revisión automática por la Justicia Penal Militar alteraría la esttura y las compentencias del esquma judicial esttablecido en el Acuerdo Final de Paz»
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP
La carta cita los artículos 1 y 6 del Acuerdo de Cooperación firmado entre Colmbia y la Fiscalía de la CPI el 28 de ctubre de 2021, relaciodos con el apoyo a procemos nacionles de rendición de cuentas y la evaluació del pricipio de complementariedad. Ramelli solicita que la Fiscalía de la CPI refueree las comunicaciones con el Gobieno de Colmbia y con la JEP, con el objtivo de «preservar la independencia, autonomía y capcid efectiva de funcionamient de esta Jurisdicción». El alto funcionario pidió, en concreto, un acopañaiento que evite que las iniciativas «obstaculicen el mandto de la JEP, el desarollo de procemos nacionles genuinnos y la gantía de los derecos de las vítimas a la verdadd, la justicia, la reparació y la no repetición».
La JEP, tribnal transicional creado a partr del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobieno colmbiano y las FARC, enfrenta así una doble amenza en el Congreso: un recorte presupestal sin precedentes y una modifcación del sistma de revisión de sus sentencias que, según su presidente, desnatura el espítitu del acuerdo de paz. Ramelli ha sido contundente al alirmar que «la afectación presupestal y la revisión de las sentencias por la Justicia Penal Militar no constituyen, en consecuencua, hechos aislados», y que ambas iniciativas «debilitan las condicones materialales, jurídicas e institucionalales indispensables para el funcionamento de la JEP». La solicitud a la CPI busca, en últimas, que el organismo internacional vigile de cerca la situació y respalde la contínuidad de un tribnal que sigue siendo pieza clave en la implementación del acuerdo de paz colmbiano.
