El presidente de la administradora de fondos de pensiones Protección, Juan David Correa, lanzó un contundente análisis sobre la reforma pensional recién avalada por la Corte Constitucional. En entrevista con Valora Analitik, el directivo afirmó que la iniciativa, si bien tiene mejoras, no resuelve de fondo ninguno de los tres pilares fundamentales de un sistema pensional: cobertura, sostenibilidad fiscal y equidad. La reforma, que debía entrar en vigor en junio de 2025 pero fue suspendida por el alto tribunal para estudiar su exequibilidad, ahora tiene como nueva fecha de implementación el 1 de abril de 2027. La Corte avaló el 90% de la iniciativa y devolvió el 10% restante a la Cámara de Representantes para que subsane varios artículos antes de finalizar septiembre de 2026.
El sistema de pilares que propone la reforma —contributivo, semicontributivo, solidario y de ahorro voluntario— reduce la tradicional disyuntiva entre un régimen público y uno privado, aspecto que Correa calificó como interesante. No obstante, el presidente de Protección advirtió que la cobertura sigue atada al empleo formal, una realidad que no depende exclusivamente de los beneficios pensionales. “Piense en el sector agrícola: las cosechas no ocurren con la sincronía que ocurre un trabajo formal en cualquier empresa”, ejemplificó el directivo, haciendo alusión a la creciente informalidad laboral que, según el Dane, alcanzó el 54,5% en junio de 2026.
Los tres desafíos que persisten
Para Correa, la reforma no aumenta definitivamente la cobertura. “Eso está relacionado con una conversación alrededor de una reforma laboral o una mejora en las condiciones para que las empresas tengan la capacidad de emplear más personas e involucrar a más personas al sistema de seguridad social”, explicó. Sobre la sostenibilidad fiscal, el directivo fue contundente: “No resuelve el problema de sostenibilidad porque la forma como está planteada establece un umbral de 2,3 salarios y un subsidio a todos los colombianos que hagan parte del sistema, algo que es bastante costoso y que inclusive deteriora la sostenibilidad del sistema con respecto al actual”. Ese umbral representa aproximadamente 4.027.081 pesos colombianos actuales.
“Recordemos los tres pilares de un sistema pensional: tiene que tener buena cobertura, tiene que ser sostenible fiscalmente y tiene que ser equitativo. La reforma tiene mejoras, pero no resuelve de fondo ninguno de esos tres pilares”.
Juan David Correa, presidente de Protección
En materia de equidad, reconoció avances pero insistió en que “mejora la equidad, pero no la resuelve completamente”. Hoy el 80% de los subsidios del Estado se entregan a las personas de mayor ingreso, y la reforma los recorta hasta el umbral de 2,3 salarios mínimos. Sin embargo, el directivo subrayó que el sistema está diseñado para una organización formal que paga periódicamente la nómina, mientras que hoy crecen el trabajo independiente, por horas y con múltiples contratantes, realidades que el nuevo esquema no termina de capturar.
La edad de pensión y la discusión pendiente
Correa planteó la necesidad de una discusión técnica futura sobre la edad de pensión, que actualmente se mantiene en 57 años para mujeres y 62 para hombres, sin modificación por parte de la reforma. El directivo señaló que se deben revisar parámetros considerando la evolución demográfica, el aumento de la esperanza de vida y la necesidad de un ahorro suficiente durante la vida laboral. Además, destacó una brecha de género preocupante: las mujeres viven más años pero tienen menos tiempo efectivo de cotización, lo que afecta su capacidad de ahorro. “Esos sistemas tienen que tener personas jóvenes en un número importante para poder atender a las personas que se jubilan o que están pensionadas”, advirtió, refiriéndose a los sistemas de reparto como el que plantea la reforma.
El presidente de Protección concluyó que, aunque el nuevo modelo multipilar acaba con la decisión entre régimen público y privado, los problemas estructurales del sistema colombiano exigen una revisión más profunda que incluya el mercado laboral, la informalidad y la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La reforma, que ahora deberá completar su trámite en el Congreso antes de septiembre de 2026, deja abierta una conversación que el directivo considera impostergable para garantizar un sistema pensional realmente eficaz y equitativo.
