Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), advirtió en conversación con La FM que revertir el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional resulta jurídicamente inviable, dado que ya se ha consolidado la situación para 2.4 millones de trabajadores tras tres quincenas de aplicación del nuevo valor, que representa un incremento superior al 23%.
Bedoya enfatizó que los empresarios han estructurado sus planes anuales conforme al decreto gubernamental, lo que genera efectos irreversibles en las condiciones salariales, en un contexto donde más de 11.3 millones de colombianos laboran en la informalidad y la población ocupada se acerca a los 24 millones. Los gremios mantienen reparos sobre la implementación de este ajuste, pero los cuestionamientos formales no permiten cambios abruptos, agravados por el reciente aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés del Banco de la República y la inflación reportada por el Dane en enero.
Repercusiones en el sector privado y debate político
El debate sobre el salario mínimo adquiere un tono político en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales, con repercusiones económicas notables en el sector privado, especialmente en industrias de mano de obra intensiva como hoteles y restaurantes, donde la presión por el alza salarial se siente con mayor intensidad.
«Devolverse jurídicamente sería un rollo».
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC
El líder gremial explicó que la única razón para esta inviabilidad radica en la situación jurídica consolidada, recordando que cuando el Gobierno emite el decreto, las empresas planifican su año con ese incremento ya incorporado.
«La única razón es por la situación jurídica consolidada».
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC
«Cuando el gobierno saca el decreto planean su año con este incremento».
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC
Cuestionamientos al Gobierno y rol de los empresarios
Bedoya cuestionó las posibles presiones del Gobierno sobre la independencia judicial mediante convocatorias a marchas, en un momento en que los empresarios, desde los pequeños hasta los grandes, son quienes pagan los salarios, los impuestos y generan el empleo en el país.
«¿Cómo así que entonces van a tratar de irrespetar a la independencia de la rama judicial o presionarla convocando a las marchas?».
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC
«No se les olvide a los funcionarios del gobierno que son los empresarios pequeños, medianos y grandes los que pagan los salarios, los que pagan los impuestos, los que generan el empleo».
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC
Esta postura de la SAC subraya la tensión entre las decisiones gubernamentales y la realidad operativa del sector productivo colombiano, donde cualquier intento de retroceso salarial enfrentaría no solo barreras legales, sino también impactos profundos en la estabilidad laboral y económica de millones de familias.
