El presidente Abelardo de la Espriella decretó la emergencia económica nacional mediante el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, en respuesta al terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país el pasado 10 de agosto, afectando a más de 400 municipios. La medida, que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo por un período de 30 días para expedir decretos con fuerza de ley, movilizar recursos y adoptar medidas urgentes, surgió tras constatar que las pérdidas estimadas ascienden a 30 billones de pesos, equivalentes al 1,5% del Producto Interno Bruto nacional, superando con creces la capacidad de respuesta habitual del Estado. Sin embargo, la decisión presidencial no tardó en generar reacciones desde la oposición, encabezada por el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien salió al paso para exigir que la emergencia no se convierta en un instrumento que deteriore los derechos de las poblaciones más vulnerables.
El senador Cepeda, en declaraciones posteriores a la firma del decreto, fue contundente al advertir que el estado de emergencia económica no puede deteriorar en ninguna forma los derechos de las poblaciones más vulnerables, de aquellas que han sido empobrecidas o de las capas medias que, bajo el gobierno actual, experimentaron una mejoría sensible en su condición socioeconómica e incluso la salida de la condición de pobreza. El congresista también puso sobre la mesa una preocupación adicional: Colombia enfrenta la posibilidad de una segunda emergencia, la sequía, que ya comienza a manifestarse en incendios forestales y que puede agravarse con el fenómeno de El Niño. Según Cepeda, no se puede permitir que el país sea sorprendido por la conjunción de estas dos tragedias, por lo que insistió en que es indispensable actuar desde ahora con prevención, coordinación y responsabilidad, y con un plan nacional de carácter integral que aborde tanto los efectos del terremoto en unas regiones como la sequía y los incendios en otras.
Las medidas del decreto y los sectores golpeados
El Decreto 1261 habilita al Ejecutivo para implementar un paquete de acciones urgentes en materia de vivienda, empleo, salud, servicios públicos y reactivación productiva. Entre las herramientas contempladas están la creación de fondos especiales, el establecimiento de alivios tributarios, aduaneros y cambiarios, así como la ampliación del mecanismo de Obras por Impuestos para apalancar la reconstrucción. La norma también permite la movilización de recursos, la adopción de condiciones tributarias especiales y el uso de fondos de regalías, todo ello bajo la premisa de que cada decreto que se expida deberá estar justificado por su relación directa con los daños causados por el sismo. Los sectores más afectados por el terremoto incluyen la infraestructura educativa y hospitalaria, la industria, la manufactura, la banca y los seguros, el comercio, la agroindustria, el turismo y los servicios sociales, lo que evidencia la magnitud de la catástrofe y la necesidad de una respuesta integral.
«El estado de emergencia económica no puede deteriorar, óigase bien, en ninguna forma los derechos de las poblaciones más vulnerables y aquellas que han sido empobrecidas o de las capas medias, que bajo nuestro gobierno experimentaron una mejoría sensible en su condición socioeconómica e incluso la salida de la condición de pobreza»
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico
«Segundo, advertimos que Colombia enfrenta la posibilidad de una segunda emergencia: la sequía, que ya comienza a manifestarse en incendios forestales y que puede agravarse con el fenómeno de El Niño. No podemos permitir que el país sea sorprendido por la conjunción de estas dos tragedias»
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico
Mientras el Gobierno nacional se apresta a implementar las facultades obtenidas mediante el decreto de emergencia, la advertencia del senador Cepeda resuena como un llamado a no descuidar la dimensión social de la reconstrucción. La oposición, si bien reconoce la gravedad de la situación provocada por el terremoto, exige que las medidas adoptadas no se traduzcan en un retroceso para los sectores que han logrado avances socioeconómicos en los últimos años. El debate queda así planteado en medio de una emergencia que, por ahora, concentra todos los esfuerzos del Estado en atender a los más de 400 municipios damnificados, mientras se vislumbra en el horizonte la amenaza de una nueva crisis climática que podría agravar el panorama en las regiones no afectadas por el sismo.
