El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, ratificó este sábado 17 de octubre su respaldo al Estatuto Antiterrorista impulsado por el gobierno de Abelardo De La Espriella, luego de que el Consejo Nacional de Política Criminal emitiera un concepto favorable al proyecto en su sesión del jueves 15 de octubre. En una declaración pública difundida a través de su perfil en la red social X, Henríquez afirmó que desde la presidencia del Legislativo se garantizará un trámite oportuno y con plenas garantías para el debate democrático. El proyecto, calificado por el dirigente como “urgente e inaplazable”, pasará ahora por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y posteriormente será radicado formalmente por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo.
La mesa técnica del Consejo Nacional de Política Criminal aprobó el concepto favorable con 11 votos a favor y 3 en contra, un respaldo que allana el camino para que la iniciativa inicie su recorrido legislativo. El Estatuto Antiterrorista, una ley estatutaria propuesta por el Ejecutivo, incluye medidas como rebajas de pena de hasta el 60% para procesados que aporten información efectiva contra estructuras criminales, así como un aumento en una tercera parte de las penas por delitos como el uso de drones armados, extorsión, delitos informáticos, secuestro y asonadas cuando estén vinculados a organizaciones terroristas. Estas disposiciones buscan, según el Gobierno, dotar al Estado de herramientas más contundentes para enfrentar la violencia organizada.
“Todo nuestro respaldo al Estatuto Antiterrorista propuesto por el Gobierno Nacional que avalamos en la sesión del Consejo de Política Criminal”.
Honorio Henríquez, presidente del Congreso
“No es un estatuto arbitrario: no se va a perseguir a políticos que piensen distinto, como dicen falsamente en las narrativas de ciertos sectores. Esto busca actuar en contra de quienes emplean la violencia, el miedo y la zozobra contra el Estado, los colombianos y la infraestructura estratégica”.
Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior
El proyecto deberá superar cuatro debates legislativos, dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, con mayoría absoluta en cada cámara, y además deberá pasar por el control previo de la Corte Constitucional antes de convertirse en ley. Entre sus disposiciones más destacadas se encuentra la creación de un registro nacional de organizaciones y actores terroristas, que permitirá el congelamiento de activos, la inhabilitación para contratar con el Estado y el bloqueo de transacciones financieras. También se propone la figura de un alto comisionado contra el Terrorismo, adscrito al Dapre, y la implementación de pabellones de alta seguridad para cabecillas, con estrictas restricciones para visitas.
Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas desde distintos sectores. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuestionó la creación del listado oficial de organizaciones terroristas y la figura del alto comisionado, mientras que la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, expresó reservas sobre la inclusión del reclutamiento forzado como conducta penalizada en el estatuto. El Pacto Histórico, por su parte, rechazó la propuesta por considerar que presenta problemas de fondo en materia de derechos fundamentales. Pese a las objeciones, el ministro Lara Restrepo insistió en que el estatuto no busca perseguir a la oposición política, sino combatir a quienes utilizan la violencia para generar zozobra en el país.
