El presidente Abelardo de la Espriella habría ordenado al director de la Policía Nacional, general Jesús Alejandro Barrera, cancelar la comisión de la capitana Kelly Daniela Lozano en la Embajada de Colombia en Catar, según información conocida en las últimas horas. La decisión presidencial se da en medio de investigaciones por supuesto abuso de poder y mal liderazgo de la oficial, quien se desempeñó como jefa del esquema de seguridad de Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro. Fuentes de la Casa de Nariño no confirmaron oficialmente la orden, pero versiones internas indican que el mandatario se habría comunicado directamente con el alto mando policial para disponer el regreso de la capitana a Colombia, lo que implicaría la pérdida de su puesto diplomático y la posible apertura de una investigación formal en su contra.
El caso se reactivó luego de que la exasesora de Verónica Alcocer, Eva Ferrer, volviera a poner sobre la mesa los cuestionamientos contra la oficial. Sin embargo, ya existía un antecedente: el 18 de marzo de 2025 se radicó una queja anónima en Protección Presidencial, identificada con el ticket 654200-20250318, en la que se acusaba a Lozano de presunto abuso de poder, maltrato a subalternos y favoritismo hacia allegados dentro del equipo de seguridad. El documento no incluía pruebas concluyentes ni identificaba al autor, y en su momento fue atribuido a rivalidades internas de la institución. El coronel Luis Alfredo Bermúdez Benjumea, entonces jefe encargado de Protección Presidencial, respondió a la queja coordinando una intervención psicológica sobre el clima laboral, la cual se realizaría bajo confidencialidad. A pesar de esa respuesta, ningún proceso disciplinario avanzó contra la capitana, lo que generó malestar en algunos sectores de la Policía.
Señalamientos sin consecuencias
La queja anónima describía un ambiente laboral deteriorado al interior del esquema de seguridad de la ex primera dama, señalando que Lozano ejercía un liderazgo marcado por el trato irrespetuoso hacia el personal bajo su mando. También se mencionaba que la oficial habría mostrado favoritismo hacia ciertos funcionarios y que, en algunas versiones no confirmadas, impedía la aplicación de los protocolos de seguridad durante los desplazamientos de Verónica Alcocer. Pese a la gravedad de las acusaciones, la intervención psicológica propuesta por el coronel Bermúdez no prosperó como mecanismo correctivo, y la capitana continuó en su cargo sin mayores contratiempos. «Pero nunca pasó nada porque era una intocable», afirmó un oficial activo de la Policía en declaraciones citadas por El Tiempo, reflejando la percepción de impunidad que rodeó el caso.
El perfil de Kelly Daniela Lozano ha sido objeto de miradas encontradas. Algunas fuentes policiales la describen como una oficial con una hoja de vida intachable, perteneciente a una familia con tradición en la institución, mientras que otros sectores consideran que los señalamientos responden a disputas internas por el control del esquema de seguridad presidencial. Lo cierto es que el escenario cambió drásticamente con las declaraciones de Eva Ferrer, que reactivaron el escrutinio público sobre el desempeño de la capitana y llevaron el asunto al más alto nivel del Ejecutivo. La posible orden presidencial de cancelar su comisión en Catar representa un giro significativo, pues la oficial se encontraba desempeñando funciones diplomáticas en ese país, lejos del ojo político nacional.
«Pero nunca pasó nada porque era una intocable»
Oficial activo de la Policía Nacional
Ahora, la Policía Nacional evaluaría medidas disciplinarias contra la capitana Lozano, según fuentes internas consultadas por el periódico El Tiempo. Aunque la orden presidencial aún no ha sido confirmada oficialmente ni por la Casa de Nariño ni por la dirección de la Policía, el simple hecho de que el caso haya escalado hasta el despacho del presidente de la República indica que la situación es mucho más delicada de lo que se manejaba en los pasillos institucionales. El regreso de la oficial a Colombia sería inminente y, con ello, el inicio de una investigación formal que podría determinar si las acusaciones de abuso de poder y mal liderazgo tienen fundamento o si, por el contrario, se trató de una campaña de desprestigio interna. Durante la jornada del miércoles, Infobae Colombia intentó obtener una respuesta de la Casa de Nariño sobre las versiones que vinculan al presidente con la decisión, pero no obtuvo éxito. Mientras tanto, en la Policía Nacional crece la expectativa por conocer los pasos a seguir, y las miradas están puestas en el general Jesús Alejandro Barrera, quien habría recibido la instrucción directa del primer mandatario. La situación deja en evidencia la fragilidad de los esquemas de seguridad cercanos al poder y las repercusiones que pueden tener las disputas internas cuando llegan a oídos del presidente.
