Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lanzó un enérgico llamado al Gobierno nacional durante el Diálogo de Rendición de Cuentas 2025, exigiendo la entrega completa de los 120.000 millones de pesos necesarios para ejecutar sentencias y decisiones judiciales vigentes y futuras, así como para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas. Hasta el momento, solo se han garantizado 50.000 millones de pesos, lo que genera serias limitaciones financieras derivadas de la incompleta ejecución de los recursos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, cuya responsabilidad principal recae en el Estado colombiano y no en la cooperación internacional, especialmente tras los recortes de fondos provenientes de Estados Unidos.
En su exposición, Ramelli destacó los avances de la JEP pese a las restricciones presupuestales, con 11 macrocasos abiertos, 307 personas imputadas o acusadas, más de 11.700 comparecientes cuyas situaciones jurídicas han sido resueltas, y una sanción máxima de ocho años de actividades de reparación. Entre 2018 y 2024 se concedieron 970 amnistías y se negaron 197, mientras que en el último año se otorgaron 160 y se rechazó solo una. Además, cerca de 3.200 comparecientes fueron rechazados o inadmitidos, y se implementaron unas 600 soluciones jurídicas no sancionatorias, con más del 90 por ciento de los comparecientes siendo partícipes no determinantes en el conflicto armado.
Avances en macrocasos y amnistías
La JEP ha logrado imputaciones a los máximos responsables en macrocasos relacionados con el conflicto armado, y en la Sala de Amnistía e Indulto se registraron 474 renuncias a la persecución penal, 106 preclusiones, nueve extinciones de acción penal y 19 expulsiones por incumplimiento. Las amnistías no son automáticas y están condicionadas a conductas previas al 1 de diciembre de 2016, con posibilidad de revocatoria en caso de incumplimiento. Declaraciones de Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo; Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Implementación para la Administración de la Justicia Transicional; y magistrados como Mauricio García y Pedro Mahecha, respaldaron el balance institucional presentado por Ramelli.
“El balance, digamos, estamos como a mitad de camino (…) Seguimos insistiendo en la necesidad de la financiación completa, no solamente esta sentencia, sino todas las que siguen”
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP
El llamado cobra relevancia ante propuestas de cierre o modificación de la JEP en el marco de las elecciones presidenciales y legislativas, y se extiende a la financiación de la búsqueda de desaparecidos en las cumbres de Antioquia, que actualmente solo cubre la Alcaldía de Medellín. Ramelli enfatizó la urgencia de apoyo gubernamental en este frente.
“Quiero insistir en ese llamado a que el Gobierno nacional también apoye económicamente la búsqueda en las cumbres”
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP
En un contexto de desafíos financieros que amenazan la continuidad de la justicia transicional, Ramelli advirtió que acabar con la JEP equivaldría a arrasar con la esperanza de reconciliación y dejar sin respuestas a miles de víctimas, subrayando que la institución se encuentra a mitad de camino en su labor esencial para el posconflicto colombiano.
“acabar la JEP es arrasar con la esperanza de reconciliación y dejar sin respuesta a miles de víctimas”
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP
