El magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Joaquín Urbano Martínez, solicitó formalmente reforzar las medidas de seguridad para todos los integrantes de la Sala y sus familias, ante el incremento de amenazas surgidas tras la condena contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco “Kiko” Gómez. La petición, realizada mediante un oficio fechado el pasado 2 de septiembre y dirigido al presidente de la Sala, Carlos Roberto Solórzano Garavito, detalla una serie de hechos violentos que evidencian un riesgo inminente para los funcionarios judiciales que participaron en el proceso.
La solicitud se sustenta en los actos de intimidación reportados por los procuradores Pedro Luis Bonilla Bolaños y Gloria Guzmán Duque, quienes informaron sobre una bala disparada al interior de la oficina de Bonilla, seguida de la rotura de dos ventanas y rastros de dos disparos de fusil. A esto se suma la alerta sobre un supuesto plan criminal que involucraría a un “poderoso asesino guajiro”, quien habría pedido a miembros de su familia renunciar a sus cargos y mudarse a Italia, mientras se preparaba la ejecución de tres asesinatos ordenados, presuntamente como represalia por la condena que pesa sobre el exmandatario.
La reacción del presidente De la Espriella
Frente a la gravedad de la situación, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, emitió una contundente declaración respaldando a los magistrados. “Lo que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo. Quien se mete con la Corte, se mete con el presidente de la República”, afirmó el mandatario, quien además ordenó a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección reforzar de inmediato el esquema de seguridad. De la Espriella fue enfático en advertir que “sea quien sea que esté detrás de estas amenazas, Kiko Gómez o cualquier otro, será identificado, perseguido y llevado ante la justicia”.
“Existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo”
José Joaquín Urbano Martínez, Magistrado de la Sala de Casación Penal
El caso contra “Kiko” Gómez culminó en abril de 2026 con una condena de 31 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, tras 27 años de lucha judicial. La Corte Suprema revocó una absolución previa del Tribunal de Bogotá, que en octubre de 2024 solo lo había hallado culpable de concierto para delinquir. Sin embargo, el magistrado Urbano advirtió que la condena podría quedar sin efectos por una eventual acción de tutela, lo que añade un elemento de tensión al escenario. Mientras tanto, las autoridades trabajan en identificar a los responsables de las amenazas, en medio de un clima de máxima alerta en el poder judicial.
