Presunta red de espionaje desde la DNI infiltraba CNE y oposición en gobierno Petro

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Una presunta red de espionaje habría operado desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Gustavo Petro, según documentos clasificados revelados por El Tiempo. La trama, que involucraría a altos exfuncionarios del organismo, se habría infiltrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Contraloría General de la República, con el objetivo de acceder a información reservada y obtener datos sobre dirigentes políticos de oposición. El ingeniero de sistemas Carlos Andrés Oyola Tovar, de 36 años, fue capturado el 6 de noviembre de 2024 en el marco de esta investigación, mientras su hermano gemelo, Cristian Oyola Tovar, fungió como contratista del CNE y la UNP, levantando sospechas sobre una posible infiltración.

Operativo de inteligencia y contratos millonarios

De acuerdo con las pesquisas, la red habría accedido de manera abusiva a plataformas informáticas de los organismos estatales para vigilar a contradictores del Gobierno y, según algunas denuncias, incluso alterar resultados electorales. La captura de Carlos Oyola se produjo por presunto acceso abusivo a la plataforma de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad). Sin embargo, su historial lo vincula directamente con el petrismo: ingresó como testigo electoral voluntario en la campaña presidencial de 2018 y luego fue vinculado a la DNI durante la dirección de Manuel Casanova Guzmán y la administración de Carlos Ramón González. La operación involucró a otros personajes como Xavier Vendrell, Andrés Gamero y Manel Grau, mencionados en un organigrama que circula en medios, y a figuras como la exmagistrada del CNE Fabiola Márquez, quien no ha respondido sobre la contratación de Cristian Oyola.

Dos contratos en particular han llamado la atención de las autoridades. Prime Comercializadora SAS, cuyo accionista mayoritario es Juan Carlos Eraso Chaves, recibió un contrato por 9.000 millones de pesos para la adquisición de un dron que, según se ha conocido, terminó siniestrado en el Catatumbo, con presuntos sobrecostos. La misma empresa, a través de Supreme Construcciones SAS (con el mismo accionista), obtuvo otro contrato por 18.000 millones de pesos para la construcción de la sede F10 de la DNI en Funza, Cundinamarca, que presenta un avance de obra del 88% según la interventoría. Juan Carlos Eraso ha solicitado que las publicaciones sobre su participación se limiten a hechos verificados, mientras que un socio aseguró que la obra será entregada próximamente.

«En la reunión se dieron detalles del software de escrutinio, las reglas para el sorteo y asignación de jurados de votación en primera vuelta presidencial y el plan de auditoría del código fuente»

Funcionario asistente a reunión en la Registraduría (fuente anónima)

Esta declaración anónima se refiere a una reunión clave celebrada el 13 de febrero de 2025 en la Registraduría, donde se habrían discutido aspectos sensibles del proceso electoral. La presencia de Cristian Oyola como auxiliar administrativo en el CNE durante tres meses desde marzo de 2023, y su posterior contratación en la UNP, sugiere un patrón de infiltración. Por otra parte, la delegada de la Contraloría para el sector Defensa y Seguridad tiene acceso a contratos del Ejército, la Policía, la Armada y la FAC, lo que amplía el alcance de la posible red.

Denuncias políticas y reacciones

David Luna, excandidato presidencial, denunció en abril de 2025 la denominada «operación Grecia», que buscaría intervenir ilegalmente las comunicaciones de la oposición. Paloma Valencia, también excandidata, pidió ser reconocida como víctima en las investigaciones. Líderes conservadores y el abogado Jaime Lombana llevaron el caso a la Comisión de Acusación, denunciando a Gustavo Petro por presunta perturbación del certamen democrático. Aunque el abogado de Carlos Oyola manifestó que la Fiscalía no le había notificado ninguna investigación contra su cliente por espionaje o sabotaje electoral, el último director de la DNI, René Guarín, remitió la información sobre Oyola a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Por su parte, el abogado de Petro, Alejandro Carranza, dijo ver «con buenos ojos» las denuncias sobre ataques a la democracia. La trama, que aún está bajo investigación, sigue generando controversia en el ámbito político y judicial.

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