La Defensoría del Pueblo denunció este viernes en la tarde la retención ilegal de una caravana conformada por líderes y miembros del Pueblo Indígena Barí del resguardo Catalaura, en el Norte de Santander, a manos de presuntos integrantes del ELN. El incidente ocurrió el pasado 16 de febrero de 2026, cuando la caravana se desplazaba por una zona rural hacia Cúcuta para participar en procesos internos de diálogo con autoridades. Voceros de la Defensoría confirmaron que civiles armados, vestidos de paisano y que se identificaron como miembros del ELN, interceptaron el vehículo en un retén ilegal, sometieron a los indígenas a intimidación con armas de fuego, revisaron sus teléfonos celulares y emitieron señalamientos estigmatizantes que los vinculaban falsamente con grupos armados ilegales.
Tras varias horas de retención, la caravana logró continuar su trayecto y arribar a Cúcuta sin que se registraran otros incidentes mayores, aunque persisten los riesgos de estigmatización y posibles agresiones futuras. La Defensoría rechazó enérgicamente estas acciones del grupo armado, alertando sobre la grave crisis de inseguridad que azota el departamento del Norte de Santander y que pone en peligro la integridad de los líderes indígenas.
Violación al derecho internacional humanitario y llamados urgentes a protección
La entidad subrayó que estos hechos vulneran la integridad física y moral de los líderes indígenas, contravienen el derecho internacional humanitario, específicamente el principio de distinción, y obstaculizan el derecho fundamental a la participación ciudadana. Ante esta situación, la Defensoría solicitó la activación urgente de mecanismos de protección por parte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, y exhortó a las autoridades a implementar rutas de prevención y protección durante la permanencia de la caravana en Cúcuta y en su retorno al resguardo Catalaura.
En un llamado reiterado, la Defensoría instó a todos los grupos armados ilegales a cesar de inmediato sus acciones contra las autoridades ancestrales indígenas y a respetar los espacios de interlocución con el Estado, en aras de garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades en territorios vulnerables como el Norte de Santander.
