En la madrugada del martes 20 de octubre, tras cerca de 19 horas de debate, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027, que asciende a 634,9 billones de pesos. La cifra, que supera en 88 billones de pesos el presupuesto de 2026 (que fue de 546,9 billones), ha encendido las alarmas entre expertos y analistas debido a la insostenibilidad fiscal que representa: los intereses de la deuda pública podrían superar el gasto en pensiones, mientras que el déficit fiscal alcanzaría el 9,5% del PIB, según las proyecciones más pesimistas.
El camino hacia esta aprobación no fue sencillo. El gobierno de Abelardo de la Espriella retiró inicialmente el proyecto de presupuesto al considerar que los ingresos estaban sobreestimados, lo que obligó a un recálculo de las cuentas incorporando obligaciones no contempladas, especialmente los intereses de la deuda. Durante el trámite legislativo, el monto se incrementó en cerca de 60 billones de pesos, en un intento por corregir el rumbo fiscal y atender los compromisos adquiridos. La aprobación se dio en el plazo límite del 20 de octubre, con un capital político favorable al Ejecutivo en sus primeros meses de mandato, aunque el profesor Juan Nicolás Garzón, de la Universidad de La Sabana, advierte que este margen puede reducirse por decisiones presidenciales.
Alertas por el peso de la deuda pública
Las cifras presentadas por los expertos son contundentes. El servicio de la deuda para 2027 alcanza los 144.072 billones de pesos, lo que equivale a cerca del 24% del gasto total, mientras que la inversión apenas representa el 14% del presupuesto. Christian Quiñonez, exdirector de Fiscalización de la Dian y CEO de Clevertax Assessment, proyecta que la deuda pública cerrará en 67% del PIB y podría llegar al 91% en 2030 si no se implementa un ajuste fiscal de fondo. «La situación es grave», sentencia Garzón, quien añade que «en 2027, Colombia va a gastar más intereses de la deuda que en pensiones», según advierte Quiñonez. Este escenario se agrava porque el recaudo tributario se mantiene por debajo del 14% del PIB, y más del 40% de los recursos del presupuesto provendría de nuevo endeudamiento.
«La situación es grave»
Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana
La incertidumbre sobre el financiamiento
Uno de los interrogantes que deja la aprobación del presupuesto es cómo se financiará el gasto. «El Congreso aprobó cuánto se va a gastar, pero todavía nadie ha aprobado cómo se va a pagar este gasto», advierte Christian Quiñonez, quien insiste en que «la deuda no desaparece, se refinancia y se va a pagar más cara». El exdirector de Fiscalización de la Dian también señala que «bloquear un gasto no es recortarlo», en referencia a las promesas oficiales de reducir el gasto público. Sobre este punto, Garzón advierte que «el costo recaería sobre los ciudadanos por medio de los impuestos y sobre aquellos que tienen vínculos con el Estado —empleados públicos, contratistas y beneficiarios del gasto— ante la promesa oficial de reducirlo».
«El Congreso aprobó cuánto se va a gastar, pero todavía nadie ha aprobado cómo se va a pagar este gasto»
Christian Quiñonez, exdirector de Fiscalización de la Dian y CEO de Clevertax Assessment
El panorama se complica aún más con la anunciada ley de ajuste fiscal por 45 billones de pesos, que al momento de la aprobación del presupuesto no había sido radicada. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) considera que esa meta es inviable, pues estima que el ajuste sostenible no superaría los 10 billones de pesos. Esta discrepancia entre el gobierno y el órgano técnico independiente siembra dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para cumplir sus metas sin afectar el crecimiento económico.
Transparencia y mecanismos de vigilancia
Entre los aspectos positivos del nuevo presupuesto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana destaca la incorporación de una nueva obligación de transparencia: el Ministerio de Hacienda deberá presentar informes trimestrales sobre los saldos y la ejecución de los fondos especiales, patrimonios autónomos y fiducias. Esta medida responde a la preocupación histórica sobre el manejo de estos recursos, pues como advierte el Observatorio, «una vez los recursos salen del PGN y entran a estos fondos, su seguimiento se vuelve difícil para la ciudadanía». No obstante, la misma entidad reconoce que «la obligación de reportar periódicamente cierra esa brecha de información». Además, Garzón recuerda que existen mecanismos de vigilancia como las veedurías ciudadanas, la Contraloría General, las contralorías departamentales, los medios de comunicación, las redes sociales y los líderes de opinión, que jugarán un papel clave en el seguimiento a la ejecución presupuestal.
«Una vez los recursos salen del PGN y entran a estos fondos, su seguimiento se vuelve difícil para la ciudadanía»
Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana
Pese a la aprobación, persisten interrogantes sobre los recursos para atender las necesidades del terremoto, que no tienen un detalle claro en el presupuesto, y sobre la distribución del recorte de unos 5 billones de pesos previsto en la anunciada ley de rescate económico. A pesar de estas falencias, el gobierno de Abelardo de la Espriella celebra la aprobación como un triunfo legislativo. «El Gobierno logra una victoria», reconoce Garzón, aunque matiza que este margen de apoyo puede diluirse rápidamente si las decisiones presidenciales generan fricciones con el Congreso. El país, mientras tanto, observa con atención cómo se ejecutará un presupuesto que promete ser uno de los más desafiantes de la historia reciente.
