El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de 2027 por 634,9 billones de pesos, una propuesta que reduce la inversión nacional en un 2,8 % y concentra los recortes en 21 de los 33 departamentos del país, entre ellos varios bastiones electorales del mandatario. Se trata del primer presupuesto regionalizado de su administración, elaborado bajo la dirección del Departamento Nacional de Planeación, cuyo director, Julión Buitrago Arango, lo calificó como «el esfuerzo de ingeniería financiera y fiscal más exigente de la historia macroeconómica reciente del país». La iniciativa ya se encuentra en discusión en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, en medio de un clima de tensiones políticas que anticipa demandas y enfrentamientos a un año de las elecciones territoriales.
Del total del presupuesto, la inversión asciende a 86,9 billones de pesos, lo que representa una disminución de 2,8 % frente a 2026. La distribución por cada 100 pesos es la siguiente: 62 pesos se destinan a funcionamiento, 24 pesos al servicio de la deuda, y apenas 14 pesos a inversión. De la bolsa de inversión, 63,8 billones (73,4 %) corresponden a recursos regionalizados, 21,9 billones (25 %) a iniciativas nacionales y 1,18 billones quedaron pendientes de regionalización. La propuesta fija techos de gasto para ministerios y entidades nacionales, pero son los departamentos los que sienten con mayor crudeza los ajustes, en una dinámica que ya genera disputas políticas y que, según congresistas de la oposición, podría derivar en demandas por presunto incumplimiento del artículo 350 de la Constitución, que impide que la inversión disminuya porcentualmente frente al año anterior.
Recortes que golpean bastiones electorales
Los departamentos más afectados por las reducciones porcentuales son San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con una caída del 33,2 % (de 463.536 millones a 309.559 millones); Vichada, con 30,1 % (de 335.319 a 234.474 millones); Casanare, con 21 % (más de 200.000 millones menos); Tolima, con 17,4 % (aproximadamente 300.000 millones menos); Bolívar, con 13,5 % (cerca de 400.000 millones menos); y Huila, con 10,8 % (unos 100.000 millones menos). En contraste, los mayores incrementos se registran en Putumayo, con un alza del 17,8 % (de 944.444 millones a 1,11 billones); Amazonas, con 17,3 % (de 309.091 a 362.632 millones); Risaralda, con 12,3 %; La Guajira, con 9,9 %; Cundinamarca, con 9 %; y Magdalena, con 8 %. La geografía del recorte tiene un claro componente político: los 14 departamentos que fueron bastiones electorales del presidente De la Espriella sufren una reducción conjunta del 3,78 %, equivalente a 987.092 millones de pesos menos, mientras que los 18 departamentos más Bogotá, donde ganó el excandidato Iván Cepeda, experimentan una disminución del 2,18 %, es decir, 864.296 millones menos. Antioquia, donde De la Espriella obtuvo 2,1 millones de votos, pierde 451.252 millones; Norte de Santander enfrenta un recorte de 207.376 millones; y Atlántico registra la mayor reducción absoluta, con 538.181 millones menos. La excepción notable es Cundinamarca, que recibe un aumento de 279.477 millones, y Santander, con un incremento del 7,7 % (aproximadamente 197.607 millones).
«El esfuerzo de ingeniería financiera y fiscal más exigente de la historia macroeconómica reciente del país»
Julion Buitrago Arango, director del Departamento Nacional de Planeación
Disputas políticas y reacciones cruzadas
El manejo del presupuesto ha abierto un frente de controversia en el Congreso, donde las bancadas de gobierno y oposición negocian los detalles finales. Un senador del Centro Democrático, que pidió no ser identificado, afirmó: «La lógica de premios y castigos no operó, porque las elecciones de alcaldes y gobernadores están a la vuelta de la esquina. Las cuentas ya empezaron». La referencia al calendario electoral no es casual: en 2027 se celebrarán elecciones territoriales, y el presupuesto define recursos que pueden influir en el desempeño de los candidatos locales. El propio presidente De la Espriella, durante el lanzamiento del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, respondió a las críticas con un tono desafiante: «No hay contemplación ni en el campo de guerra ni en el campo electoral. […] En las urnas se van a llevar otra derrota». La aprobación inicial del monto global se logró tras reuniones reservadas con congresistas de la coalición de Gobierno, pero el detalle de la distribución regional sigue siendo un punto de fricción.
El Pacto Histórico ya anunció que presentará demandas basadas en el artículo 350 de la Constitución, que prohíbe que la inversión pública disminuya porcentualmente respecto al año anterior. Además, el presidente ordenó adecuar sedes alternas en Barranquilla, Cali y Medellín como parte de una estrategia para combatir el «bogocentrismo», aunque esa medida no se traduce en un aumento de la inversión regional. El gobierno busca apoyos en estructuras regionales con representación en el Congreso y en su propio partido, con miras a las elecciones territoriales, mientras la discusión del presupuesto pone en juego las alianzas entre el Ejecutivo, los congresistas y los mandatarios regionales. La regionalización de los recursos, cabe aclarar, no equivale a giros directos para gobernadores ni a partidas de libre disposición territorial: los fondos pueden financiar programas sociales, carreteras, escenarios deportivos e infraestructura educativa, pero su ejecución depende de la planificación nacional. La región Andina concentraría la mayor parte de la inversión, y Bogotá ocupa el cuarto lugar en la distribución regional, en un escenario que recuerda al último presupuesto de la administración de Gustavo Petro, aunque con un signo político distinto. Las plenarias del Congreso decidirán en las próximas semanas el destino de un presupuesto que, sin duda, marcará la antesala de las urnas.
