En Colombia, los trabajadores con contratos laborales formales y relación de subordinación tendrán derecho a recibir la prima de servicios correspondiente al primer semestre de 2026, calculada sobre la base del salario mínimo de 1.750.905 pesos más el auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma un total de 2.000.000 pesos para quienes devenguen el mínimo. Este pago, una prestación social obligatoria establecida en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1788 de 2016, deberá liquidarse y pagarse a más tardar el 30 de junio de 2026, mientras que la segunda cuota se abonará hasta el 20 de diciembre del mismo año.
El cálculo de la prima se realiza promediando el salario mensual más el auxilio de transporte, multiplicado por los días laborados en el semestre y dividido por 360, o directamente por 180 días si el trabajador completó el período completo. Para el salario mínimo actualizado para 2026, que refleja un aumento del 23,7 por ciento, esta base genera un valor significativo que impactará positivamente en el ingreso familiar de más de 9 millones de trabajadores formales en todo el país, dinamizando la economía de los hogares.
Requisitos, exclusiones y sanciones por incumplimiento
Esta prestación aplica exclusivamente a empleados con salario fijo y contratos de trabajo formal, excluyendo a quienes laboran bajo contratos de prestación de servicios, independientes, aprendices o con salario integral. En el promedio salarial se deben incluir recargos nocturnos, dominicales, comisiones y horas extras, pero no viáticos, subsidios ni otras prestaciones sociales. Los empleadores que no cumplan con el pago oportuno enfrentarán multas que van de uno a 5.000 salarios mínimos, además de una indemnización por retraso equivalente a un día de salario por cada día de demora, protegiendo así los derechos laborales en el territorio nacional.
Con este ajuste salarial y la prima de mitad de año, se espera un impulso notable en el consumo familiar y la estabilidad económica de los trabajadores formales, recordando la importancia de verificar el cumplimiento por parte de las empresas para evitar sanciones y garantizar el bienestar de los beneficiarios en Colombia.
