En una operación que marca un cambio radical en la estrategia de seguridad del nuevo gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó su primer bombardeo militar en la región del Catatumbo, Norte de Santander, una acción que, según denuncias oficiales, dejó al menos tres campesinos heridos y generó nuevas alertas por violaciones al derecho internacional humanitario. El ataque aéreo, denominado operación Beta, fue ejecutado durante la madrugada del martes 11 de agosto de 2026 contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vereda El Sinaí, jurisdicción de San Calixto, entre los municipios de Tibú y San Calixto, y aunque las Fuerzas Militares reportaron la destrucción de cinco campamentos y dos búnkeres, así como la incautación de armamento, explosivos y drones, la noticia quedó empañada por las afectaciones a la población civil.
La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, confirmó en un comunicado que entre las víctimas del bombardeo se encuentran tres campesinos, incluyendo una mujer de 44 años, quienes resultaron heridos por el ataque. «A quienes nuestros equipos en territorio están acompañando», precisó el organismo, que además advirtió que «este hecho evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna». La denuncia fue secundada por la Asociación Nacional Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y la Personería Municipal de San Calixto, cuyo titular, Jerson Andrey Figueroa, pidió atención inmediata para los heridos y recordó la obligación de cumplir los protocolos humanitarios.
Un giro en la política de seguridad
Este bombardeo se produce a pocos días del inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, marcando una clara distancia con la administración anterior de Gustavo Petro, que en ocho años ordenó 25 bombardeos y cuyo primero se activó dos años después de su posesión. El nuevo presidente ya había anticipado su postura durante el primer empalme regional que realizó en Cúcuta en julio de 2026, cuando lanzó un ultimátum a los líderes de los grupos armados que operan en el Catatumbo, una región sumida en una espiral de violencia entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc. Los enfrentamientos han generado una crisis humanitaria de proporciones alarmantes: más de 120.000 personas se han visto forzadas a desplazarse, cerca de 50.000 familias permanecen confinadas y aproximadamente 120 personas han muerto por los combates en la zona.
«Entre las víctimas se encuentran tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, que resultaron heridas producto del bombardeo llevado a cabo durante la madrugada de hoy, a quienes nuestros equipos en territorio están acompañando»
Defensoría del Pueblo, comunicado oficial
Ante la gravedad de los hechos, tanto la Defensoría del Pueblo como Ascamcat y la Personería de San Calixto reclamaron el cumplimiento estricto del derecho internacional humanitario (DIH) y exigieron reforzar la protección de la población civil. La Defensoría fue más allá e instó a la fuerza pública a reforzar la planeación y evaluación de las operaciones militares bajo los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad, en un llamado que busca evitar que la ofensiva contra el ELN, que ha sido una de las principales promesas de campaña de De la Espriella, termine profundizando el sufrimiento de los habitantes del Catatumbo. Mientras tanto, los tres campesinos heridos reciben atención en centros de salud locales, en medio de la incertidumbre de una población que ya ha soportado décadas de conflicto y que ahora enfrenta un nuevo capítulo en la historia violenta de esta región.
