Un juez penal de control de garantías, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, impuso prisión preventiva contra cuatro uniformados de la Policía Nacional investigados por la muerte de Donovan Balanta Paz, ocurrida el pasado 20 de septiembre tras un procedimiento policial y su posterior traslado a la estación de Cazucá, en Soacha. Los enviados a prisión son el mayor Roque Correa Yánez, el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero, a quienes se les imputaron los delitos de tortura y homicidio agravados. De manera adicional, a Tapiero y a Vargas se les formuló el cargo de falsedad ideológica en documento público.
Detalles del procedimiento y las agresiones
Según la investigación, los hechos se iniciaron en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, cuando los policías acudieron a atender una discusión entre vecinos. En medio de esa situación, Donovan Balanta, de 34 años, habría lanzado un objeto contra los agentes, por lo que fue inmovilizado y aprehendido. Durante el procedimiento y en la estación de Policía de Cazucá, en Soacha (Cundinamarca), el hombre habría sido sometido a presuntas agresiones físicas como puños y patadas, así como a descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser, presuntamente aplicadas en varias ocasiones por el patrullero Giraldo, según la Fiscalía. Balanta permaneció esposado de las manos y semidesnudo, y en repetidas ocasiones manifestó dificultades para respirar y solicitó atención médica, la cual no se habría gestionado de manera oportuna. Aproximadamente veinte minutos después de que otro detenido alertara sobre su estado, fue trasladado a un hospital, pero llegó sin respiración y con pulso débil, falleciendo horas más tarde.
Investigación en curso y contexto judicial
La Fiscalía, a través de fiscales de la Seccional Cundinamarca y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, lidera el proceso. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que la muerte de Donovan Balanta estaría relacionada con una arritmia cardíaca provocada por las descargas eléctricas. Ninguno de los cuatro uniformados aceptó los cargos imputados en la audiencia. En la imputación, se señala que el mayor Correa habría permitido los golpes, no dispuso la atención médica inmediata y consignó información presuntamente contraria a lo ocurrido en los registros oficiales. El caso es señalado como una posible violación de derechos humanos con enfoque diferencial étnico-racial y se encuentra en pleno desarrollo, a la espera de nuevas decisiones judiciales.
