En un duro golpe contra el crimen organizado, Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado, presuntos integrantes del Tren de Aragua, fueron enviados a prisión preventiva por su responsabilidad en el secuestro extorsivo agravado y tortura de un comerciante venezolano en Norte de Santander. Los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2026 en el corregimiento de Urimaco, municipio de San Cayetano, y el barrio 20 de Julio de Villa del Rosario, donde los delincuentes retuvieron a la víctima en un inmueble, la trasladaron a otra vivienda, la sometieron a torturas, amenazas y vigilancia constante, exigiendo a sus familiares un rescate de 80 millones de pesos.
La denuncia de los parientes de la víctima alertó a las autoridades, lo que desencadenó la intervención del Gaula de la Policía Nacional, que rastreó la ubicación, rescató al comerciante sin poner en riesgo su integridad y detuvo a los dos implicados. La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, comunicó los detalles el 10 de mayo de 2026, y durante una audiencia celebrada el fin de semana del Día de la Madre, un juez impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario a Palencia Garavito y Ortiz Amado, formulando cargos por secuestro extorsivo agravado y tortura.
Avance en la lucha contra el Tren de Aragua en la región
Este caso resalta las operaciones del Tren de Aragua en Norte de Santander, una de las zonas donde la banda venezolana ha extendido sus actividades delictivas, incluyendo extorsiones y secuestros. La judicialización de estos dos presuntos miembros contribuye a la transparencia en la lucha nacional contra el crimen organizado, demostrando la efectividad de la coordinación entre la Policía y la Fiscalía en la desarticulación de redes criminales transnacionales.
Con esta medida, las autoridades reafirman su compromiso para erradicar la presencia de grupos como el Tren de Aragua, protegiendo a residentes y comerciantes de la región fronteriza, y enviando un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes atenten contra la seguridad ciudadana mediante actos de extrema violencia.
