Un juez ordenó prisión preventiva en centro carcelario para Cristian Yucepe Uribe Niño, Gilberto Silva Dussán, Luis Carlos Bermúdez Rojas y Jaime Alberto Salazar Jiménez, un civil, tras la inspección policial de un vehículo particular en la vía pública de la localidad Los Mártires, en el centro de Bogotá, el 24 de octubre de 2025. En el interior del automóvil fueron hallados estupefacientes, panfletos del ELN, dos placas falsas, un arma inhabilitada, dos armas de dotación policial y dos computadores portátiles. Salazar Jiménez, vestido como policía, conducía una motocicleta reportada como hurtada y escoltaba el carro interceptado.
La Fiscalía imputó a los cuatro los delitos de receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y solicitó la prisión preventiva como medida de aseguramiento para los cuatro imputados.
Detención y hallazgo en Bogotá destapan presunta red de corrupción policial
Este hecho se inscribe en un marco de casos de corrupción policial en Bogotá. En días recientes, doce policías de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron capturados por presuntos actos de corrupción y se les imputaron delitos como concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las investigaciones señalan que estos funcionarios podrían haber colaborado con bandas para robo de cable y venta ilegal de cobre en Puente Aranda, con participaciones en al menos 26 hechos delictivos. También se documentó que se exigía dinero a detenidos para alterar informes, detenciones arbitrarias y manipulación de expedientes para inflar cifras, mientras que habría organizadores que trabajaban con personas en situación de calle para facilitar robos y la venta ilícita de cobre.
Los doce policías mencionados fueron presentados ante un juez de control de garantías; se les imputaron delitos como concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Nueve de los procesados deben cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; tres permanecerán privados de la libertad en su lugar de residencia.
“Los uniformados registraron a Jaime Alberto Salazar Jiménez, quien, vestido como policía, conducía una motocicleta reportada como hurtada, que también tenía logos de la institución y escoltaba el carro interceptado”, detalló el ente acusatorio.
“Con los detenidos ya esposados, estos uniformados, como ya era su modus operandi, iniciaban una presión psicológica, preguntaban a las personas si tenían hijos, si eran menores de edad, con quién los dejarían y pues así mismo les advertían sobre las posibles penas de prisión. Era por ello que las personas ante el miedo y la presión, pues solicitaban ayuda”, recalcó el ente acusatorio.
Este caso subraya la complejidad de las investigaciones y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y control dentro de las autoridades para enfrentar posibles vínculos entre personal policial y actividades delictivas en la capital, mientras continúan dilucidándose las responsabilidades individuales y las eventuales redes que podrían haber operado alrededor de estos hechos.
