El Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín ha iniciado un proceso penal contra el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, director de Custodia y Vigilancia del Inpec en la cárcel El Pedregal de Itagüí, Antioquia, por autorizar de manera ilegal la salida de nueve cabecillas condenados por delitos graves el 21 de junio de 2025. Esta autorización se dio mediante la Resolución 005208 del 19 de junio de ese año, sin el aval judicial correspondiente, permitiendo que los reclusos asistieran al acto público conocido como ‘Tarimazo’, encabezado por el presidente Gustavo Petro en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín. Entre los implicados destaca Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, sentenciado a 36 años de prisión por homicidio agravado, quien fue uno de los cabecillas de la mesa de paz urbana de la ciudad.
La decisión judicial fue confirmada el 14 de enero de 2026, cuando el juzgado declaró ilegal la expedición del documento que facilitó la salida de estos nueve internos, imputando al oficial los delitos de fuga de presos y falsedad en documento público. La solicitud para el traslado provino de la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien detalló horarios de salida y retorno, y el grupo fue escoltado por personal del Inpec hasta el evento, donde subieron al escenario, dirigieron mensajes y estuvieron acompañados por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y la propia legisladora.
Reacciones políticas y contexto del ‘Tarimazo’
El escándalo se enmarca en el controvertido acto del ‘Tarimazo’, rechazado previamente por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien lo vinculó con la política de ‘Paz Total’ del gobierno nacional. La concejala Claudia Carrasquilla Minami fue quien informó sobre la decisión del juzgado a través de su cuenta en X, celebrando que la justicia estuviera dando la razón a las críticas iniciales contra el evento. Además, el juzgado compulsó copias contra alias Carlos Pesebre y enfatizó la necesidad de un apego estricto a los procedimientos legales para cualquier traslado de reclusos, subrayando las irregularidades cometidas.
«La expedición del documento que permitió la salida de los nueve cabecillas del penal fue ilegal»
Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín
«La justicia nos va dando la razón: El tarimazo con los cabecillas de Itagüí fue ilegal»
Claudia Carrasquilla Minami, concejala de Medellín
El proceso penal contra el teniente coronel Ramírez Sanabria se encuentra en desarrollo, mientras se adelantan investigaciones adicionales contra la senadora Zuleta y el presidente Petro por su presunta participación en los hechos. Este caso pone en evidencia las tensiones entre la aplicación de la ley y las iniciativas de paz urbana en Medellín, con el juzgado insistiendo en que solo se permiten traslados bajo estrictos controles judiciales para evitar abusos que comprometan la seguridad penitenciaria.
