El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, afirmó este miércoles que la Procuraduría no ha abierto ninguna indagación formal por la presunta instrumentalización de 48 mujeres que habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios (OPS) durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. La denuncia fue presentada por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado el pasado 21 de octubre de 2026. Según Ríos Puerta, estas mujeres eran utilizadas para “estar con el presidente Petro” a cambio de contratos, pero el jefe del Ministerio Público señaló que la información aún carece de nombres concretos y documentos que permitan iniciar una actuación disciplinaria.
En declaraciones posteriores a la sesión legislativa, Eljach fue enfático al señalar que la denuncia llegó a la Procuraduría el mismo día del debate, sin que existiera un expediente previo o elementos de prueba que justificaran una averiguación. “No, señor, porque esa es una información que apenas llegó a nosotros hoy. No estábamos atentos a lo que dijeran en la plenaria y no hay determinación de nombres ni hay documento alguno que dé pie a adelantar alguna diligencia disciplinaria o de averiguación previa”, sostuvo el funcionario. Agregó que una vez se consolide la información genérica que se entregó en el recinto, la entidad asumirá su competencia.
La denuncia de Ríos Puerta, quien también hizo parte del gabinete de Petro, incluyó la afirmación de que 48 mujeres habían sido instrumentalizadas a través de contratos OPS, y que varias de ellas ya estaban dispuestas a declarar. “Por último, senador, ojalá usted sea igual de enfático con las denuncias que nosotros estamos trazando y vamos a hacer, porque yo personalmente las voy a hacer, de las 48 mujeres que tenía el presidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPSs (…) 48 mujeres que ya han estado hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y una OPS las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente Petro”, expresó en la Comisión Segunda.
Reacciones y contexto del escándalo
El caso se enmarca en una polémica más amplia que también involucra a la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien había cuestionado al expresidente Petro por supuestas imágenes de contenido sexual y una presunta red de mujeres en el Gobierno. Petro, por su parte, ha negado rotundamente los hechos y denunció que se estarían pagando testimonios falsos. En su cuenta de X, el expresidente escribió: “Daniel Coronell denuncia pagos de 300.000 pesos en el barrio Santa Fe de Bogotá, para que niñas travestis le dieran fuerza a la declaración de Angie Rodríguez. Varios testimonios aparecen en el barrio Santafé”. La exsubgerente de Inravisión (Rtvc), María Paula Fonseca Gómez, también se pronunció, señalando la falta de pruebas concretas en la denuncia. “No, señores, lo que dijo es que por el momento no tiene pruebas, ni nombres para adelantar una acción disciplinaria… es decir, sobre un testimonio de un funcionario no pueden abrir una investigación de tal gravedad sin elementos ciertos. ¿Dónde están las pruebas?”, cuestionó Fonseca.
“No, señor, porque esa es una información que apenas llegó a nosotros hoy. No estábamos atentos a lo que dijeran en la plenaria y no hay determinación de nombres ni hay documento alguno que dé pie a adelantar alguna diligencia disciplinaria o de averiguación previa. De manera que cuando se consolide la información genérica que se dio ayer, entonces nosotros asumiremos nuestra competencia”.
Gregorio Eljach, procurador General de la Nación
La Procuraduría quedó a la espera de que los denunciantes entreguen elementos sólidos que permitan individualizar a las presuntas víctimas y verificar la veracidad de los contratos mencionados. Mientras tanto, el escándalo continúa alimentando el debate político en el Congreso y en las redes sociales, con versiones cruzadas entre el expresidente Petro, su exdirector del Dapre y otros exfuncionarios. Eljach reiteró que, sin nombres ni documentos, no es posible avanzar en una investigación disciplinaria, pero que la puerta queda abierta para cuando se cuente con la información suficiente.
