La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra los representantes Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, por posibles demoras injustificadas en el trámite de las denuncias presentadas contra el presidente Gustavo Petro. La investigación, ordenada por el procurador general Gregorio Eljach, podría extenderse a otros integrantes de la Comisión, luego de que una inspección realizada el pasado 3 de junio de 2026 evidenciara serias falencias en la organización y seguimiento de los expedientes.
La inspección, ejecutada por la Sala de Instrucción de la Procuraduría, reveló que la secretaría de la Comisión no contaba con un aplicativo ni una base de datos que permitiera la trazabilidad de los procesos. Durante la visita, los funcionarios entregaron un documento de trabajo de carácter personal que resultó insuficiente para establecer con precisión el estado y avance de cada una de las denuncias. Esta situación generó lo que el organismo disciplinario calificó como «falta de diligencia, falta de organización y posibles prevaricatos por omisión».
Falta de organización y posibles prevaricatos
En la Comisión de Investigación y Acusación reposan cerca de 3.000 actuaciones en total, de las cuales 290 están relacionadas directamente con el presidente Gustavo Petro, quien inició su mandato el 7 de agosto de 2022. De ese grupo, aproximadamente 15 denuncias corresponden a presunta participación indebida en política. Pese al volumen de los expedientes, la dependencia no pudo ofrecer información detallada sobre fechas de radicación, inicio de indagaciones, autos de apertura, etapa procesal ni última actuación realizada, lo que impide verificar si los trámites se han adelantado con la celeridad que exige la ley.
«Falta de diligencia, falta de organización y posibles prevaricatos por omisión»
Documento de la Sala de Instrucción de la Procuraduría, citado por Caracol Radio
La apertura de esta indagación se conecta con una solicitud previa del procurador Gregorio Eljach, quien el pasado 25 de mayo requirió a la Comisión un informe detallado sobre las denuncias contra el presidente por presunta participación en política. Al no obtener respuestas satisfactorias, el organismo decidió adelantar la inspección que dio origen al proceso disciplinario.
Es importante señalar que la indagación previa no implica responsabilidad disciplinaria ni una sanción inmediata contra los congresistas investigados, sino que constituye una etapa preliminar para verificar los hechos. Como parte de las pesquisas, la Procuraduría estudia mecanismos alternativos para determinar el estado real de los expedientes, entre ellos la revisión individual de cada uno de los 290 procesos relacionados con el jefe de Estado. El caso sigue en curso y se espera que en las próximas semanas se adopten nuevas decisiones.
