La Procuraduría General de la Nación, mediante su Primera Delegada para la Contratación Estatal, inició una indagación previa disciplinaria contra los responsables vinculados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) por posibles irregularidades en un contrato por 10.000 millones de pesos destinado a la defensa jurídica personal del presidente Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer, relacionado con las sanciones de la Lista Clinton. Esta medida se tomó tras la solicitud legal presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, quien también exigió intervención a la Contraloría, y ha sido ampliamente celebrada por la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez en sus redes sociales.
El contrato en cuestión fue adjudicado a la firma Amadeus Consultancy Limited, a cargo del experto Daniel Martin Kovalik, para brindar asesoría jurídica internacional que incluye análisis normativo, estratégico y técnico del régimen de sanciones financieras. Según el Dapre, la contratación se justificó por la falta de personal interno capacitado para manejar este tema. Los pagos ascienden a 500.000 libras esterlinas mensuales, distribuidos en cuatro cuotas iguales entre enero y abril de 2026, todo financiado con recursos públicos, lo que ha generado cuestionamientos por presunto peculado y uso indebido de fondos estatales para asuntos personales del mandatario.
Reacciones de las figuras políticas involucradas
La acción de la Procuraduría responde a una exigencia ciudadana y a la petición formal de Miranda, y se encuentra en etapa preliminar sin notificación aún a los investigados, aunque ya ordenó practicar pruebas y acumular radicados disciplinarios relacionados. Ramírez valoró especialmente el rol de las mujeres políticas en el control al poder, destacando su compromiso en frenar abusos con los recursos públicos.
«Enhorabuena varias mujeres políticas se están tomando en serio su labor de poner frenos al poder y al abuso con los recursos públicos para temas personales del presidente y su entorno!! Eso es Peculado!»
Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta
«Gracias a nuestra denuncia, la Procuraduría abrió indagación por el contrato de $10.000 millones para pagar con nuestros impuestos la defensa personal de Petro y Verónica Alcocer por la Lista Clinton (sic)»
Katherine Miranda, representante a la Cámara
«Iniciar indagación previa en averiguación de responsables vinculados al Dapre, acorde con lo señalado en la parte motiva»
Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal
Este desarrollo pone de manifiesto las tensiones políticas en torno al manejo de contratos públicos durante el gobierno de Gustavo Petro, con la Procuraduría actuando como ente de control para esclarecer si hubo irregularidades disciplinarias en el proceso, mientras figuras opositoras como Ramírez y Miranda refuerzan su vigilancia sobre el uso de dineros de los contribuyentes.
