La Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario contra tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por irregularidades en la liberación de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, ocurrida el 29 de noviembre de 2022 en el Complejo Carcelario y Penitenciario de La Picota, en Bogotá. Los implicados son Horacio Bustamante, exdirector del penal; Fabián Solano, del área jurídica, y Wiliam Salas, guardián, quienes autorizaron la excarcelación sin verificar las bases de datos judiciales, pese a los antecedentes penales del reo y las órdenes de captura activas en su contra. El pliego de cargos fue anunciado el 17 de marzo de 2026 y califica la falta como gravísima con culpa gravísima.
La omisión de la revisión obligatoria de los sistemas judiciales permitió la salida de Zuluaga Lindo, a pesar de que la Fiscalía había advertido sobre una boleta de detención un día antes y un habeas corpus había sido rechazado previamente. La excarcelación se basó en una resolución que consideró saldada su condena, ignorando una medida de aseguramiento vigente por delitos como tráfico de estupefacientes agravado y otros procesos. Zuluaga Lindo, nacido en Cali en 1970, acumula más de 50 procesos penales y es un narcotraficante con trayectoria desde la década de 1990, cuando lideró redes de exportación de cocaína a Estados Unidos, lavado de activos y alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia, de las que se desmovilizó de manera fraudulenta en 2005, fue extraditado y regresó a Colombia en 2018 para ser encarcelado nuevamente.
Antecedentes y fallas en el sistema
El caso evidencia vacíos y descoordinación entre las instancias judiciales y administrativas del sistema penitenciario, según señaló Daniel Gutiérrez, director del sistema penitenciario. Esta liberación irregular no solo generó un riesgo directo para la seguridad pública, sino que también socava la confianza ciudadana en el Inpec y pone en jaque la integridad del sistema carcelario colombiano. La investigación disciplinaria se encuentra en curso y podría derivar en sanciones severas para los funcionarios responsables.
