La Procuraduría General de la Nación advirtió al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, sobre posibles irregularidades que podrían configurar evasión de la normativa de contratación en un contrato de 120.000 millones de pesos para mejorar la malla vial, financiado con la sobretasa a la gasolina, con EDUS, la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbana de Santa Marta, como ejecutora y la Unión Temporal Malla Vial como participante, bajo la gerencia de Jorge Luis Sarmiento, en la mira de una revisión que busca garantizar la transparencia y la eficiencia en la contratación pública.
La comunicación de advertencia, fechada el 20 de octubre, señala posibles irregularidades en la transferencia y manejo de los recursos de la sobretasa a la gasolina, y advierte sobre una posible evasión de la normativa de contratación estatal. En paralelo, la licitación vinculada a este proyecto fue declarada desierta por Resolución No. 088 el 30 de octubre, lo que aumenta la atención sobre la forma en que se asignarán y ejecutarán los recursos. Según el texto de la Procuraduría, las trasferencias anuales y directas de recursos a EDUS, que actúa como ejecutora administrativa y operativa, deben responder a una distribución equitativa y transparente de aportes, y no pueden desvincularse de la responsabilidad de la ejecución del proyecto, tal como se ha señalado en las observaciones oficiales.
Advertencia y licitación desierta en Santa Marta
Antecedentes relevantes señalan que el contrato, de 120.000 millones de pesos, se financia con la sobretasa a la gasolina y tenía a EDUS como ejecutora, con la transferencia de los fondos prevista de manera anual y directa. La Procuraduría subraya la necesidad de revisar los convenios interadministrativos para evitar situaciones que impidan la adecuada supervisión y responsabilidad sobre la ejecución. Poco después de emitir la advertencia, la EDUS declaró desierta la licitación mediante la Resolución No. 088, correspondiente al 30 de octubre, y la Unión Temporal Malla Vial presentó una manifestación de interés, pero no logró entregar a tiempo el certificado sobre la Guía de Indisponibilidad del SECOP II.
La EDUS aclaró que, en caso de reactivarse el proceso, el procedimiento debe cumplir estrictamente la normativa aplicable a convenios interadministrativos y abrazar plenamente los principios de transparencia y responsabilidad. Aún no hay pronunciamiento público del alcalde Carlos Pinedo sobre las observaciones hechas por la Procuraduría; según fuentes cercanas, se espera una revisión de procedimientos para asegurar que cualquier futura ejecución se alinee con la legalidad vigente.
«tales previsiones documentadas en el convenio y en su modificación muestran una distribución de aportes donde el distrito financia, en su práctica presupuestal, la mayor parte de los recursos y la EDUS actúa como ejecutora administrativa/operativa del proyecto» — Marcio Melgosa, procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública
«El Distrito no puede limitarse a transferir recursos sin asumir una responsabilidad directa sobre la ejecución del proyecto» — Marcio Melgosa, procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública
«no es viable que “una parte permanezca como mero concedente de recursos y la otra actúe como ejecutora sin corresponsabilidad”.» — Marcio Melgosa (citando pronunciamientos del Consejo de Estado)
En resumen, la advertencia de la Procuraduría no implica de inmediato sanciones, pero establece un marco de vigilancia continua sobre el proceso y advierte que cualquier reactivación debe ajustarse a la normativa de convenios interadministrativos y a los principios de transparencia, economía y responsabilidad para evitar posibles sanciones disciplinarias y asegurar que los recursos de la sobretasa a la gasolina se apliquen de forma adecuada.
