La Procuraduría General de la Nación, a través de su Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, emitió una alerta sobre irregularidades en la transparencia y el procedimiento administrativo de contratos suscritos entre la Cancillería de Colombia y la Imprenta Nacional para la producción, personalización, custodia y distribución de pasaportes, con recursos públicos comprometidos que superan los 1.493.409.424.714 pesos. Este nuevo convenio interadministrativo, identificado como CI-005-2026 y publicado el 29 de enero de 2026 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), tiene un valor que excede los 185.000 millones de pesos y un plazo que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, sin una fecha precisa de inicio especificada.
La Procuraduría cuestiona la reiteración de este tipo de contratos, que ya representan el cuarto en una serie similar, incluyendo el número 007 de 2025, el 001 del 18 de julio de 2025 y un acuerdo adicional con un actor extranjero para cooperación, transferencia de conocimiento e implementación de la nueva producción. Esta situación genera preocupación por la magnitud de los recursos involucrados y la necesidad de una fiscalización constante, especialmente ante la sobreposición de instrumentos jurídicos en el manejo de pasaportes durante el Gobierno Petro.
Antecedentes de controversias en la producción de pasaportes
El contexto revela un historial de irregularidades: hace más de tres meses, la Procuraduría solicitó la anulación de un convenio internacional con la Casa da Moeda de Portugal por fallas similares; en octubre de 2025, interpuso una demanda de nulidad contra el contrato con Thomas Greg & Sons, la cual fue aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Previamente, en 2023, el entonces canciller Álvaro Leyva suspendió ese contrato por falta de transparencia, dando paso a un nuevo sistema estatal respaldado por Portugal que iniciará operaciones el 1 de abril de 2026. La actual canciller, Rosa Villavicencio, confirmó la cancelación definitiva de cualquier prórroga con Thomas Greg & Sons.
“A raíz de dicha información, el Ministerio Público abordará la suscripción de este nuevo negocio jurídico desde cada una de las acciones preventivas que se han entablado con respecto al suministro de pasaportes, al igual que desde cada una de las investigaciones disciplinarias en curso”.
Procuraduría General de la Nación
En una entrevista el 5 de febrero de 2026, la canciller Rosa Villavicencio defendió el avance del proceso al afirmar que no habrá prórrogas y que el cronograma establecido desde el año pasado marcha según lo planeado, con el nuevo pasaporte garantizado a partir de abril. La Procuraduría, por su parte, anuncia un seguimiento riguroso mediante acciones preventivas y las investigaciones disciplinarias ya en marcha, evaluando este cuarto contrato en el marco de la vigilancia sobre la función pública en Colombia.
