La Procuraduría General de la Nación detectó 1.053 contratos suscritos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un valor total de 83.742 millones de pesos, entre agosto de 2025 y febrero de 2026, justo antes de la entrada en vigor de las restricciones de la Ley de Garantías. En una actuación preventiva, el organismo de control advirtió fallas significativas en la planeación, supervisión y ejecución de estos contratos de prestación de servicios, así como la sospecha de que varias de las necesidades atendidas corresponden a funciones propias de la planta permanente de la entidad, lo que generaría un posible efecto fiscal y administrativo.
La revisión, que no tiene carácter sancionatorio sino preventivo, se mantiene activa y la Procuraduría hará seguimiento a las medidas que adopte la Cancillería para corregir las irregularidades. El período de suscripción de los contratos coincide con las semanas previas a las restricciones impuestas por la Ley de Garantías, que limita la contratación en temporadas preelectorales o de transición gubernamental, lo que refuerza las alertas sobre la oportunidad y justificación de los procesos contractuales.
Fallas en planeación y supervisión
Entre los hallazgos más críticos, la Procuraduría subrayó que la contratación externa no puede sustituir de manera sistemática la planta de personal. En su comunicado, el organismo indicó que identificó fallas en la planeación y supervisión de los contratos suscritos a pocas semanas de entrar en vigencia las restricciones de la Ley de Garantías, cuyos soportes de ejecución, en algunos casos, resultan insuficientes para acreditar las obligaciones pactadas y evidenciarían posibles incumplimientos del objeto contractual. La falta de documentos que respalden la ejecución efectiva de los servicios contratados constituye una de las principales preocupaciones del ente de control.
«La contratación externa no puede sustituir de manera sistemática la planta de personal»
Procuraduría General de la Nación
Alertas sobre la Carrera Diplomática y Consular
La actuación de la Procuraduría no se limitó a los contratos de prestación de servicios. También abarcó una revisión de la Carrera Diplomática y Consular, ante posibles movimientos de personal que no se habrían ajustado a las normas de mérito, imparcialidad y profesionalización que rigen el servicio exterior. El organismo exhortó a la Cancillería a preservar esos principios y a evitar cualquier tipo de designación irregular que pudiera comprometer la transparencia y la calidad del servicio diplomático.
Como parte de las recomendaciones, la Procuraduría instó a la Cancillería a fortalecer la planeación contractual, racionalizar el gasto público y aprovechar de manera más eficiente la planta de personal existente, con el fin de evitar la dependencia excesiva de contratos externos que pueden generar sobrecostos y riesgos de incumplimiento. La entidad continuará monitoreando las acciones correctivas que adopte el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los recursos públicos.
