En una decisión que marca un paso decisivo en la vigilancia de la gestión académica de las instituciones de educación superior, la Procuraduría General de la Nación intensificó su labor sobre la Fundación Universitaria San José al pedir al Ministerio de Educación Nacional los resultados de la investigación administrativa preliminar. La solicitud, presentada el 18 de noviembre de 2025, fija un plazo de tres días para la entrega de la información y para determinar las medidas preventivas o correctivas necesarias para garantizar la legalidad en el otorgamiento de títulos y restablecer la confianza en la normalidad institucional.
La acción fue dirigida a la luz de que el despacho del ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, debe rendir cuentas sobre la información solicitada e incluye la petición de datos detallados sobre directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales y otras personas que ejercen la administración o el control de la Fundación Universitaria San José. Esta iniciativa se enmarca en el caso de la beneficiaria Juliana Guerrero y pretende restablecer la confianza en la normalidad institucional de la institución, en el marco de la legalidad que rige la prestación del servicio público de educación superior.
El contexto de la investigación se apoya en la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025, que, con base en inspecciones, detectó al menos tres títulos emitidos de forma irregular; Guerrero habría recibido al menos dos títulos sin cumplir los requisitos, y también figuran en el informe Carlos Alberto Mendoza Siachoque y Laura Julieth Martínez Morales, esta última identificada con el alias @LaJulietaMM. Además, se señala que dos de los beneficiarios no presentaron el examen de Estado y, en un tercer caso, la fecha del examen fue posterior a la entrega del título. Un documento adicional publicado el 11 de noviembre aporta el referido expediente del ministerio y completa el material de referencia para la revisión.
La Procuraduría refuerza su vigilancia y exige respuestas en plazos breves
La acción de la Procuraduría se ejecuta mediante una solicitud formal que impone un plazo de tres días para la entrega de la información solicitada, con el objetivo de establecer medidas preventivas y correctivas para garantizar la legalidad en el otorgamiento de títulos y proteger la integridad del proceso académico, sin interferir con la autonomía universitaria, pero dentro del marco constitucional y legal vigente.
«La expedición de los títulos (…) se dio presuntamente sin cumplir los requisitos para ello vulnerando disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior», se leyó. – Ministerio de Educación Nacional
En conjunto, estas acciones buscan proteger la legalidad, la transparencia y la continuidad del servicio público de educación superior, y refuerzan la vigilancia institucional en un caso que involucra a varias figuras y dependencias, sin perder de vista la autonomía universitaria y el marco constitucional y legal que rige la función educativa en Colombia.
