La Procuraduría Seccional de Antioquia activó una actuación preventiva y convocó a una reunión virtual urgente para el próximo 16 de julio a las 9:00 de la mañana, con el objetivo de revisar los planes de contingencia y la articulación institucional tras conocerse un presunto plan de fuga masiva en la cárcel ERON La Paz del municipio de Itagüí. La medida, que busca garantizar la seguridad del centro penitenciario de mediana y máxima seguridad, responde a una denuncia pública presentada el 14 de julio por Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, quien afirmó haber recibido información de un ciudadano sobre una operación que contaría con apoyo externo, incluyendo motocicletas de alto cilindraje y personas encargadas de ejecutar el escape.
Según la denuncia, el plan estaría programado para antes del 7 de agosto de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. La fuente original de la información, que manifestó temor por su seguridad, abandonó la ciudad tras revelar los hechos. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la veracidad de la denuncia, pero la Procuraduría decidió actuar de manera preventiva para verificar la capacidad de respuesta institucional y la coordinación entre los organismos responsables de la seguridad del ERON La Paz.
Autoridades convocadas a la reunión virtual
Mediante un oficio remitido a las autoridades competentes, la Procuraduría Seccional de Antioquia citó al director Regional Norte del Inpec, Guillermo Andrade González; al director del ERON La Paz, mayor Jaider Ángel Ospino Castillo; al alcalde de Itagüí, Diego León Torres Sánchez; al comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, y a la directora Seccional Antioquia de la Fiscalía, Lina Xiomara Arias Ayala. La reunión, que se desarrollará de manera virtual, tiene como propósito verificar los planes de contingencia y la correcta articulación institucional frente a la alerta.
En el documento oficial, la Procuraduría señaló: “En ejercicio de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación y con el fin de atender un asunto de nuestra competencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 75B del Decreto 262 del 2000 y, en atención a las denuncias recibidas por esta Regional del Ministerio Público, relativas al presunto plan de fuga de personas privadas de la libertad recluidas en el ERON La Paz del municipio de Itagüí, solicita un espacio para verificar la correcta articulación institucional frente a esta denuncia y conocer los planes de contingencia y de acción estructurados a raíz de esta alerta”.
Los detalles de la denuncia
Alejandro De Bedout presentó la denuncia formal ante la Fiscalía el 14 de julio de 2026, a las 11:00 de la mañana. En su declaración, el concejal aseguró: “El día 14 de julio de 2026, a las 11:00 a. m., como concejal recibí una llamada telefónica por parte de un ciudadano que manifestó tener conocimiento de un plan de fuga masiva. Según el denunciante, tuvo conocimiento de un plan de fuga masiva en la Cárcel de Itagüí a través de una tercera persona, quien le habría revelado los detalles de la operación”. La denuncia incluye un audio anexado por De Bedout en el que se menciona la participación de motocicletas de alto cilindraje y personas de apoyo externo.
“El día 14 de julio de 2026, a las 11:00 a. m., como concejal recibí una llamada telefónica por parte de un ciudadano que manifestó tener conocimiento de un plan de fuga masiva. Según el denunciante, tuvo conocimiento de un plan de fuga masiva en la Cárcel de Itagüí a través de una tercera persona, quien le habría revelado los detalles de la operación”.
Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín
En la cárcel ERON La Paz de Itagüí se encuentran recluidos cabecillas de grupos delincuenciales organizados del Valle de Aburrá, lo que aumenta la preocupación por la seguridad del centro penitenciario. Se espera que tras la reunión virtual del 16 de julio, las autoridades entreguen conclusiones sobre las acciones adoptadas para garantizar la integridad del establecimiento y evitar cualquier intento de fuga. La Procuraduría, por su parte, mantiene un rol de vigilancia preventiva para asegurar que se activen todos los protocolos necesarios ante la alerta recibida.
