La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilitación de nueve integrantes de la Policía Nacional por su responsabilidad en el asesinato de tres jóvenes ocurrido el 25 de julio de 2022 en el corregimiento de Chochó, en Sincelejo, Sucre. Entre los sancionados se encuentra el coronel retirado Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien ya fue condenado a 29 años de prisión por estos hechos. Las víctimas, identificadas como Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo, fueron interceptadas mientras se movilizaban en motocicleta, retenidas bajo falsas acusaciones y posteriormente ejecutadas en medio de un operativo que, según el organismo de control, evidenció tortura y un estado de indefensión absoluta.
Según la investigación disciplinaria, los jóvenes fueron detenidos en el sector Las Palmas y trasladados en un vehículo policial hacia la Clínica María Reina de Sincelejo. Durante el trayecto, el coronel Núñez les disparó mientras permanecían esposados, tal como lo revelaron los informes médico-forenses que también documentaron agresiones físicas previas. La Procuraduría calificó estas acciones como «agresiones infligidas que superaron el ámbito del servicio policial y vulneraron derechos fundamentales como la vida e integridad personal». El dictamen subraya que los uniformados no solo participaron directamente en el crimen, sino que varios de ellos, aunque no intervinieron para evitarlo, fueron considerados corresponsables por su omisión.
Una cadena de violencia institucional
El contexto del crimen se enmarca en el denominado «plan pistola» que la Policía desplegó contra el Clan del Golfo tras el homicidio de un patrullero en la región. Los tres jóvenes fueron señalados falsamente como integrantes de ese grupo armado, pero las investigaciones posteriores demostraron que no tenían ningún vínculo con la organización criminal. La Fiscalía, en el marco de un preacuerdo con Núñez, logró que este aceptara su autoría a cambio de declarar contra otros implicados, aunque la justicia le negó cualquier beneficio de suspensión de pena o detención domiciliaria, por lo que permanece recluido en un centro del Inpec en Bogotá.
Las sanciones disciplinarias incluyen una inhabilitación de hasta 19 años para el coronel retirado, además de una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2022. Para los otros ocho policías, cuyos nombres no fueron difundidos en el texto, también se aplicaron destituciones y plazos de inhabilitación que varían según su grado de responsabilidad. La resolución disciplinaria, que no admite recurso, reconoció como víctima a Cindy Paola Sierra Monterroza, hermana de José Carlos Arévalo, y ratificó que el caso evidencia un patrón de ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento, incluyendo la alteración de pruebas y la falsa acusación de pertenencia al Clan del Golfo.
«Agresiones infligidas que superaron el ámbito del servicio policial y vulneraron derechos fundamentales como la vida e integridad personal»
Procuraduría General de la Nación, dictamen disciplinario
La confirmación de estas sanciones, que se suma a la condena penal, ha renovado el debate en Colombia sobre el abuso policial, la violencia institucional y la urgencia de reformar los protocolos de actuación de la fuerza pública. Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas exigen que casos como este no queden impunes y que se garantice que ningún otro joven sea víctima de ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de operativos contra el crimen organizado. Mientras tanto, el coronel Núñez cumple su condena en prisión, y la sociedad sucreña sigue esperando respuestas que aclaren cómo fue posible que nueve uniformados participaran u omitieran impedir un asesinato que, según las pruebas, fue planeado y ejecutado con total desprecio por la vida. El fallo de la Procuraduría, al no admitir recurso, cierra la vía disciplinaria, pero el dolor de las familias y la exigencia de justicia penal continúan abiertos en un país donde estos hechos siguen marcando una herida profunda en la confianza ciudadana hacia las instituciones.
